La reforma laboral emprendida por el Gobierno popular es una medida muy negativa para los intereses y expectativas de los trabajadores de este país.
El principal objetivo de esta reforma es contribuir a que no se siga destruyendo más tejido empresarial por la vía más sencilla; facilitar a los empresarios y emprendedores mano de obra más barata y menos protegida por la ley y por las molestas interferencias de los sindicatos y de la negociación colectiva.
Al mismo tiempo, se ha concentrado la atención informativa en los aparatos sindicales mayoritarios, demonizándolos y sometiéndoles al mayor estrés posible para debilitar su posición política y social. La figura del sindicalista está siendo escaneada con fiereza desde todos los ámbitos del observatorio nacional para desacreditarla y ridiculizarla, a modo de criatura parasitaria decimonónica y obsoleta en una sociedad moderna que necesita reglas modernas para salir de la Gran Recesión.
Sobre estas cuestiones pienso que es necesario ser crítico, pero también justo. Ser crítico, porque es cierto que los dos grandes aparatos sindicales y algunos sindicalistas se han ganado a pulso el descrédito. Ciertos argumentos de los que circulan en la opinión pública son tristemente ciertos, como cuando se describen los canales de financiación de las inmensas estructuras de estas dos organizaciones y la situación de privilegio de la que disfrutan algunos de sus cuadros y dirigentes.
Sin embargo, sorprende bastante que el foco mediático olvide también otros aparatos como son los de los partidos políticos y de la gran patronal, que no están exentos del mismo defecto: viven generosamente de los contribuyentes y del erario público, y son bastantes más sus beneficiarios numéricamente. Tampoco una parte de la clase política y empresarial es un dechado de virtudes. Aquí parece que todo el que puede aprovecha su oportunidad para progresar en la escala económica y social. Las empresas del Ibex 35, cuyos recursos representan casi el 80% del PIB de España, tienen en sus consejos de administración a muchos ex ministros y ex altos cargos de los gobiernos socialistas y populares. Son evidentes las relaciones de nuestros políticos con los grandes intereses económicos del país.
Decía anteriormente que también es necesario ser justo, porque afortunadamente hay sindicatos y sindicalistas que hacen bien su trabajo y saben estar en su sitio. Aunque no se quiera hablar de ello en estos momentos de agobio por la crisis, la parte más débil de la relación laboral sigue siendo el trabajador.
Reforma tras reforma, lo que se prima una y otra vez es dinamizar la actividad económica incidiendo en favorecer a las empresas y en moderar o recortar los salarios (salarios directos, indirectos -políticas sociales- y diferidos -pensiones-)
Por si fuera poco, para quien tiene como único ingreso una nómina, el paro tiene un efecto perverso; cuando la demanda de empleo es muy superior a la oferta, se vive bajo una amenaza permanente y muy rentable para las empresas. Nunca han tenido tanto poder los empresarios. Sin una fuerza social que equilibre las relaciones laborales, sin una norma que las regule convenientemente, se genera inevitablemente una sociedad más injusta.
Estoy totalmente de acuerdo con Jordi Sevilla en que uno de los efectos colaterales conocidos de las crisis económicas es el incremento en la desigualdad social: los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Aunque todos hayan sufrido pérdidas, los pobres pierden, en términos relativos, más que los ricos, siendo esta razón suficiente para justificar políticas económicas que redistribuyan los sacrificios de manera inversamente proporcional a la renta y a la riqueza[1]
Los ciudadanos de a pie están asumiendo estas medidas extraordinarias con resignación. Según dicen los que saben de estas cosas tan complejas, los expertos, no hay alternativa posible: el fin, -crear empleo y sumar cotizantes a las arcas públicas como sea-, justifica los medios; devaluar el trabajo.
Yo no comparto ni estas premisas ni su conclusión. Se deben corregir los defectos del mercado de trabajo, que los tiene, pero conviniendo que estamos hablando de una realidad muy diferente a la del mercado inmobiliario o a la del mercado de peras y manzanas. Cuando hablamos del trabajo, debemos hacerlo pensando en las personas que trabajan, en la vida de sus familias, en la educación de los niños, en la atención a las personas mayores y discapacitadas. La Doctrina Social de la Iglesia defiende esta perspectiva de forma clara y rotunda: la prioridad del trabajo sobre el capital.[2]
Este no es el principio que animó el nefasto Pacto por el Euro firmado por el anterior Gobierno en marzo 2011. Tampoco es el principio que anima las políticas específicas que se están adoptando en España para cumplir con los compromisos adquiridos en Europa y especialmente con Alemania y Francia. Y lamentándolo mucho, tampoco es el principio que anima el diálogo social y todos sus productos recientes, por ejemplo el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2012-2014.
Al final, como siempre, los platos rotos de esta Gran Recesión, los están pagando justos por pecadores.
Con realismo 