Mes: octubre 2015

A vueltas con la asignatura de Religión en la escuela

El Partido Socialista ha propuesto en el borrador de su programa para las elecciones generales del 20 de diciembre sacar la asignatura de Religión del currículo y del horario escolar para “promover una escuela laica”. Hasta aquí, y a pesar del ruido producido, no hay ninguna novedad. Sus organizaciones afines en la comunidad educativa llevan años exigiendo la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado y la eliminación de la asignatura de religión de las escuelas, por supuesto rellenando el hueco con la ensalzada educación para la ciudadanía. Es la misma bronca del año 2006, nunca resuelta y ahora reeditada. Electoralismo puro, y otra demostración del empecinamiento ideológico y político que estamos padeciendo, y que parece pretender sustituir el debate sobre los temas más urgentes y sustanciales de la educación por las polémicas estériles de siempre, pero que gozan con generosidad del altavoz de los medios: ya se sabe, la asignatura de religión, los conciertos educativos y la escuela diferenciada (segregadora en su torcido vocabulario). Nada hay más socorrido en una reunión de amigos o en un corro de tertulianos que sacar algún tema religioso para animar la conversación y llevarla hasta la discusión más acalorada e inútil. Es un recurso que nunca falla.

No parece muy inteligente caer una y otra vez en la misma piedra por parte de partidos que aspiran a ser Gobierno. Nos asomamos al precipicio de otra reforma legislativa sobre la espalda de laeducación, un nuevo lío que nos alejará un poco más de una solución duradera, que se transformará en un campo de batalla, una lucha sin vencedores. Por este camino es imposible concederle a nuestro sistema educativo la categoría de asunto de Estado para que pudiera,de una vez por todas, quedar fuera del enfrentamiento electoral de los partidos y de la vorágine de las promesas electorales. Ya tenemos precedentes, por ejemplo en el caso de la sostenibilidad de las pensiones mediante el Pacto de Toledo.
No hace mucho escribí un artículo en este mismo diario digital titulado Sí a la asignatura de religión en la escuela. En aquella ocasión, con motivo de la polvareda y el ruido mediático que se formó como consecuencia de la publicación de los nuevos contenidos curriculares de esta asignatura. Para no repetir los mismo argumentos de entonces, que creo plenamente válidos y actuales, me centraré en el planteamiento realizado por partidos como Ciudadanos, que en el fondo coinciden en el diseño de la escuela laica, pero sin el efectismo de poner en primera línea del debate este tipo de disputas.
En un ejercicio de habilidad política, Albert Rivera ha declarado que este  “es un debate del siglo pasado que esta solventado con la libertad y con las asignaturas optativas donde los padres pueden elegir qué estudian sus hijos”. Pienso que es un planteamiento correcto y además realista, pues recoge los dos elementos que la izquierda educativa elude nombrar nunca: la asignatura de religión es optativa, voluntaria,y cuenta con una demanda social importante (casi el 60% de las familias la eligen de media). Además, sus actuales contenidos están claramente diferenciados de la catequesis parroquial y se centran en la interpretación e influencia del hecho religioso de manera transversal con el conjunto de los conocimientos humanísticos. Pero a continuación, Ciudadanos propone un rediseño de la asignatura hacia la historia de las religiones e impartida por personal funcionario, descartando al importante colectivo de los profesores de religión actuales. Entramos así en el terreno de prometer lo imposible dentro del marco jurídico que tenemos en España, pues para llegar hasta ahí, sería necesario igualmente redefinir los actuales Acuerdos Iglesia-Estado. En conclusión, acaban proponiendo metas muy próximas con una presentación menos frentista y en apariencia más conciliadora y razonable.

Tampoco el actual Gobierno ha sabido resolver la situación en la LOMCE. Es verdad que le ha dado a la asignatura de religión una optativa equivalente como valores éticos y la ha incorporado plenamente al currículo como evaluable a todos los efectos. Pero también es verdad que al incrementar el horario de las asignaturas instrumentales (matemáticas, lengua, lengua extranjera…) y ampliar la autonomía de los centros, ha provocado que en muchas Comunidades se haya producido una reducción horaria de la Religión desde el 50% hasta del 75% con respecto a la anterior LOE. Como muestra cualificada está Ceuta y Melilla, únicos territorios competencia del Ministerio de Educación.


El mercado de los programas electorales no nos está deparando ninguna sorpresa positiva. Se compra y se vende cualquier propuesta que tenga repercusión en los resultados de las encuestas y en los barómetros del CIS. En esto consiste el marketing político que domina la vida pública. Y hay que reconocer que en una significativa franja social, escuela y conocimiento positivo, bilingüe y cientifista,  son hoy en día unbinomio triunfador. De ahí proviene en gran medida el declive de las humanidades en el actual currículo. No faltarán tampoco voceros desde todas las tribunas políticas, culturales o sindicales, que se muestren escandalizados porque en un Estado moderno existan organizaciones con más de dos mil años de historia que pretendan tener algo que decir todavía hoy sobre las personas y sobre el significado de la realidad. Pero ésta, por el momento, es una ecuación sin solución, porque no hay incógnitas que despejar para llegar a un contrato social básico en educación, tan sólo ideología que imponer en el vaivén de las mayorías electorales.

20D. La que se avecina, y uno

Cuando la carrera electoral va cogiendo ritmo hacia la meta del 20D, las expectativas de novedad y de cambio creadas en torno a las fuerzas emergentes sobre las cuestiones educativas se van reduciendo al ritmo de sus propias declaraciones, mientras que los viejos partidos siguen tambaleándose víctimas de su decadencia y del envilecimiento de muchos de sus políticos.
Los elementos clásicos de la política educativa se mantienen inalterados a estas alturas del siglo XXI en el ideario de la derecha, del centro (si es que existe), y de la izquierda. Cada partido utiliza estos ingredientes para elaborar recetas que siempre tienen un sabor reconocible, que gustan más o menos, pero que creo cansan al paladar de los ciudadanos por ser siempre las mismas.

Vamos por partes. El principal caballo de batalla es la financiación pública de la educación. En esta cuestión, la definición de la naturaleza de los recursos públicos, es donde se experimenta el peor tufo mal oliente de nuestra políticacomo consecuencia del imperio de los partidos en nuestra mal diseñada democracia. Todos caen en el mismo error. El dinero público es cosa (casi propiedad) de los políticos, a los que votamos cada cuatro años para que se hagan cargo de los asuntos del Estado pidiéndoles que nos molesten lo menos posible, y sin que nos falte de nadaatendiendo todos nuestros deseos y necesidades, que para eso están ahí. Qué fácilmente olvidamos cuando hablamos de lo público y del dinero público que esas necesidades son infinitas y los recursos  muy limitados, aunque sin embargo, qué bien nos aplicamos el cuento en el ámbito privado de la economía de cada uno.


Por eso el Estado adquiere en nuestro país un rol omnipresente y cuasi deificado que no le corresponde, pero que  parece convenir a todo el mundo dada la debilidad de la sociedad civil y su escaso interés real para participar activamente en la cosa pública. Me remito para clarificar esta afirmación al ejemplo archiconocido de las comunidades de vecinos, a cuyas juntas se acude lo menos posible, y donde sortean o turnan la indeseada presidencia, encargando la solución de los marrones de todos a un administrador profesional.

De ahí proviene ese insuperable vicio español, tan nuestro, de considerar que el dinero público es propiedad del Estado y se destina a quien decida el poder público, que ha resuelto paternalmente que algunos servicios de la comunidad le pertenecen para bien de todos, como son por ejemplo la sanidad y la educación, definiéndolos como servicios públicosy prestándolos en un régimen casi de monopolio. Para ello, construye poderosas estructuras de edificios y de empleo público a las que destina inmensas sumas de dinero, recursos económicos que se constituyen en grandes hipotecas a largo plazo sobre el presupuesto, y que determinan realmente las políticas en estas áreas para todos los gobernantes presentes y futuros sean del signo político que sean. Aquí radica el gran triunfo actual de la socialdemocracia, presente en el código fuente de la gran mayoría de los partidos europeos mediante la construcción  del finder del Estado del Bienestar (el escritorio, discúlpeseme la metáfora del ordenador), imprescindible para que la sociedad, los ciudadanos nos comuniquemos con la realidad sin plantearnos otras posibilidades y a salvo de los malignos mercados neoliberales.


En el caso de la educación pública, creo que nadie niega su necesidad ni su importancia. Ni tampoco que deba ofrecerse a los usuarios que la elijan con la mayor calidad. Lo que genera polémica una y otra vez es determinar cuál debe ser su presencia y su papel en función de dos variables: el derecho que tienen todos los ciudadanos a una educación de calidad gratuita, y las preferencias que tienen esos mismos ciudadanos a la hora de elegir la escuela que quieren para sus hijos.
Y aquí está el atasco mayor. La LODE del año 85 creó dos redes sostenidas con fondos públicos: la pública y la concertada. Desde el primer día haciendo trampas, claro. En primer lugar porque el Estado se reservó el protagonismo en la toma de decisiones mediante la planificación escolar. Era a la vez árbitro y parte. En segundo lugar, porque se justificó la paternidad socialista de la escuela concertada a condición de que debía salir más barata, y porque su diseño original e inalterado hasta hoy era ser subsidiaria de la red pública con todas las consecuencias que ya conocemos. Me refiero a dos enormes injusticias cristalizadas en el tiempo.

Una es la inacabable carrera de 30 años ya por la homologación salarial y laboral del profesorado de la concertada con respecto a la pública. Es un hecho fácilmente comprobable que la jornada laboral y los salarios en la concertada son de manera significativa peores que en la escuela pública. También las plantillas de los centros son  bastante inferiores. Para comprobarlo, investiguen cuántos profesores de la escuela pública se pasan a la concertada y viceversa; vamos, la prueba del algodón.
Otra es el déficit planificado y crónico al que se somete la financiación de las unidades concertadas, y que obliga a los centros a toda clase de trucos para sobrevivir curso tras curso con desigual mérito y fortuna. Me refiero por ejemplo a las cuotas voluntarias que aportan las familias y también a los servicios y actividades complementarios que se les imponen, pero que por otro lado tan bien le vienen al argumentario de izquierdas para construir el discurso de la enseñanza privada como negocio y  además elitista: sólo se la pueden pagar los que tienen más recursos, y no acogen a los estudiantes más difíciles como los inmigrantes. Estoy convencido de que una inmensa mayoría del sector estaría dispuesta a intercambiar estas fuentes de financiación por los recursos públicos que les corresponden, pero que nunca llegan. La LOE del año 2006 de los siniestros y después de los diestros del año 2013 (dígase LOMCE) mandataba en su disposición adicional 29º que se determinase objetivamente cuál era el coste real del puesto escolar en la concertada. Otros treinta años después de la LODE, y casi diez años después de la LOE-LOMCE, sigue sin cumplirse la ley. ¿Y por qué?. Porque ha interesado a todos los partidos que han gobernado. Recordemos las dos premisas de la LODE que nadie ha cambiado desde entonces: la escuela concertada puede existir sólo si es más barata y subsidiaria de la pública. Sin más.


En resumen, así están las cosas. La red pública es una inmensa arquitectura propiedad de la Administración, y los empleados públicos que allí trabajan son eso, sus empleados, no lo olvidemos. El debate de la financiación estará siempre resuelto a favor de la escuela publica porque el orden de prioridades es claro para quien hace el presupuesto. Cualquier gobierno atenderá en primer lugar lo propio porque es responsable directo de su propia red de centros y de sus profesores. Después lo ajeno, que son los centros concertados, porque los responsables de lo que allí sucede son otros, los empresarios, y que cada palo aguante su vela.

Pero, ¿qué pasa entonces con las familias? ¿Qué pasa entonces con los ciudadanos, que son los contribuyentes?. ¿Cómo queda el derecho básico, preconstitucional a que los padres puedan escolarizar a sus hijos en la escuela que prefieran? Sobre éstas cuestiones seguiremos reflexionando en el siguiente artículo.