Cuando la carrera electoral va cogiendo ritmo hacia la meta del 20D, las expectativas de novedad y de cambio creadas en torno a las fuerzas emergentes sobre las cuestiones educativas se van reduciendo al ritmo de sus propias declaraciones, mientras que los viejos partidos siguen tambaleándose víctimas de su decadencia y del envilecimiento de muchos de sus políticos.
Los elementos clásicos de la política educativa se mantienen inalterados a estas alturas del siglo XXI en el ideario de la derecha, del centro (si es que existe), y de la izquierda. Cada partido utiliza estos ingredientes para elaborar recetas que siempre tienen un sabor reconocible, que gustan más o menos, pero que creo cansan al paladar de los ciudadanos por ser siempre las mismas.
Vamos por partes. El principal caballo de batalla es la financiación pública de la educación. En esta cuestión, la definición de la naturaleza de los recursos públicos, es donde se experimenta el peor tufo mal oliente de nuestra políticacomo consecuencia del imperio de los partidos en nuestra mal diseñada democracia. Todos caen en el mismo error. El dinero público es cosa (casi propiedad) de los políticos, a los que votamos cada cuatro años para que se hagan cargo de los asuntos del Estado pidiéndoles que nos molesten lo menos posible, y sin que nos falte de nadaatendiendo todos nuestros deseos y necesidades, que para eso están ahí. Qué fácilmente olvidamos cuando hablamos de lo público y del dinero público que esas necesidades son infinitas y los recursos muy limitados, aunque sin embargo, qué bien nos aplicamos el cuento en el ámbito privado de la economía de cada uno.
Por eso el Estado adquiere en nuestro país un rol omnipresente y cuasi deificado que no le corresponde, pero que parece convenir a todo el mundo dada la debilidad de la sociedad civil y su escaso interés real para participar activamente en la cosa pública. Me remito para clarificar esta afirmación al ejemplo archiconocido de las comunidades de vecinos, a cuyas juntas se acude lo menos posible, y donde sortean o turnan la indeseada presidencia, encargando la solución de los marrones de todos a un administrador profesional.
De ahí proviene ese insuperable vicio español, tan nuestro, de considerar que el dinero público es propiedad del Estado y se destina a quien decida el poder público, que ha resuelto paternalmente que algunos servicios de la comunidad le pertenecen para bien de todos, como son por ejemplo la sanidad y la educación, definiéndolos como servicios públicosy prestándolos en un régimen casi de monopolio. Para ello, construye poderosas estructuras de edificios y de empleo público a las que destina inmensas sumas de dinero, recursos económicos que se constituyen en grandes hipotecas a largo plazo sobre el presupuesto, y que determinan realmente las políticas en estas áreas para todos los gobernantes presentes y futuros sean del signo político que sean. Aquí radica el gran triunfo actual de la socialdemocracia, presente en el código fuente de la gran mayoría de los partidos europeos mediante la construcción del finder del Estado del Bienestar (el escritorio, discúlpeseme la metáfora del ordenador), imprescindible para que la sociedad, los ciudadanos nos comuniquemos con la realidad sin plantearnos otras posibilidades y a salvo de los malignos mercados neoliberales.
En el caso de la educación pública, creo que nadie niega su necesidad ni su importancia. Ni tampoco que deba ofrecerse a los usuarios que la elijan con la mayor calidad. Lo que genera polémica una y otra vez es determinar cuál debe ser su presencia y su papel en función de dos variables: el derecho que tienen todos los ciudadanos a una educación de calidad gratuita, y las preferencias que tienen esos mismos ciudadanos a la hora de elegir la escuela que quieren para sus hijos.
Y aquí está el atasco mayor. La LODE del año 85 creó dos redes sostenidas con fondos públicos: la pública y la concertada. Desde el primer día haciendo trampas, claro. En primer lugar porque el Estado se reservó el protagonismo en la toma de decisiones mediante la planificación escolar. Era a la vez árbitro y parte. En segundo lugar, porque se justificó la paternidad socialista de la escuela concertada a condición de que debía salir más barata, y porque su diseño original e inalterado hasta hoy era ser subsidiaria de la red pública con todas las consecuencias que ya conocemos. Me refiero a dos enormes injusticias cristalizadas en el tiempo.
Una es la inacabable carrera de 30 años ya por la homologación salarial y laboral del profesorado de la concertada con respecto a la pública. Es un hecho fácilmente comprobable que la jornada laboral y los salarios en la concertada son de manera significativa peores que en la escuela pública. También las plantillas de los centros son bastante inferiores. Para comprobarlo, investiguen cuántos profesores de la escuela pública se pasan a la concertada y viceversa; vamos, la prueba del algodón.
Otra es el déficit planificado y crónico al que se somete la financiación de las unidades concertadas, y que obliga a los centros a toda clase de trucos para sobrevivir curso tras curso con desigual mérito y fortuna. Me refiero por ejemplo a las cuotas voluntarias que aportan las familias y también a los servicios y actividades complementarios que se les imponen, pero que por otro lado tan bien le vienen al argumentario de izquierdas para construir el discurso de la enseñanza privada como negocio y además elitista: sólo se la pueden pagar los que tienen más recursos, y no acogen a los estudiantes más difíciles como los inmigrantes. Estoy convencido de que una inmensa mayoría del sector estaría dispuesta a intercambiar estas fuentes de financiación por los recursos públicos que les corresponden, pero que nunca llegan. La LOE del año 2006 de los siniestros y después de los diestros del año 2013 (dígase LOMCE) mandataba en su disposición adicional 29º que se determinase objetivamente cuál era el coste real del puesto escolar en la concertada. Otros treinta años después de la LODE, y casi diez años después de la LOE-LOMCE, sigue sin cumplirse la ley. ¿Y por qué?. Porque ha interesado a todos los partidos que han gobernado. Recordemos las dos premisas de la LODE que nadie ha cambiado desde entonces: la escuela concertada puede existir sólo si es más barata y subsidiaria de la pública. Sin más.
En resumen, así están las cosas. La red pública es una inmensa arquitectura propiedad de la Administración, y los empleados públicos que allí trabajan son eso, sus empleados, no lo olvidemos. El debate de la financiación estará siempre resuelto a favor de la escuela publica porque el orden de prioridades es claro para quien hace el presupuesto. Cualquier gobierno atenderá en primer lugar lo propio porque es responsable directo de su propia red de centros y de sus profesores. Después lo ajeno, que son los centros concertados, porque los responsables de lo que allí sucede son otros, los empresarios, y que cada palo aguante su vela.
Pero, ¿qué pasa entonces con las familias? ¿Qué pasa entonces con los ciudadanos, que son los contribuyentes?. ¿Cómo queda el derecho básico, preconstitucional a que los padres puedan escolarizar a sus hijos en la escuela que prefieran? Sobre éstas cuestiones seguiremos reflexionando en el siguiente artículo.
Con realismo 
Cuánta razón tienes!.Ni siquiera se tiene presente que es un servicio de interés público!. En lugar de trabajar por la equidad del sistema, no solo lo transforman en dos si no que además al concertado lo abocan a la subsidiariedad y a sus trabajadores a la precariedad.
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Y tú bien que lo sabes por experiencia …
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