Quiero intervenir en este pleno del Consejo Escolar del Estado para hablar muy brevemente sobre varias cuestiones.

    En primer lugar, para expresar nuestra voluntad de colaborar en la construcción de un Pacto Educativo que supere las diferencias de las distintas posiciones en conflicto relegando al interés general los intereses corporativos e ideológicos, las agendas políticas y sindicales propias, poniendo el acento en las cuestiones más relevantes de la enseñanza, que son las de naturaleza organizativa, académica y pedagógica, es decir, los factores internos del sistema educativo. Si la idea es alcanzar el Pacto Educativo que le dé la razón a uno y se la quiete a todos los demás, no merece la pena gastar en ello ni tiempo ni esfuerzo. Otra cosa es un planteamiento que busque el acuerdo sobre las necesidades antes que sobre las soluciones, y con respecto a las segundas, sobre las soluciones, respetando lo que funciona en el sistema escolar, que es mucho, mejorando lo que es mejorable, y desarrollando muchas líneas que se escribieron en la “Declaración Conjunta a favor de la Educación de 1997” y en el texto final del “Pacto Político y Social por la Educación de 2010”.

     En segundo lugar, contamos con un artículo 27 de la Constitución que establece las líneas maestras para afrontar las anteriores cuestiones. Aunque después se dejó al desarrollo legislativo posterior su concreción, y su aplicación ha sido el lugar de un desencuentro permanente entre las dos visiones mayoritarias de la educación de nuestro país: la socialista-progresista y la liberal-conservadora. En un momento político y social donde radicalizarse es tan fácil y tan rentable, es en el espacio de la moderación, de la continencia ideológica y verbal, de la prudencia y de la sensatez donde podríamos caber muchos, probablemente la mayoría, que han sido siempre las coordenadas más realistas para apostar por el acuerdo y renunciar a los posicionamientos excluyentes. 

     En tercer lugar, expresar que, para la Unión Sindical Obrera, la prioridad del sistema educativo, con un sólido respaldo de la inversión pública, consiste en atender la demanda social de las familias de este país, que lo que quieren es una oferta formativa gratuita y de calidad en los diferentes niveles de la enseñanza reglada -unas buenas escuelas-, con independencia de quién sea el titular del servicio o quién lleve a cabo su prestación. Una enseñanza que facilite el respeto a la pluralidad en lo referente al ideario, los valores, la organización académica y pedagógica y una mayor autonomía y flexibilidad de los centros con respecto al plan de estudios. En definitiva, necesitamos una escuela que haga en primer lugar aquello para lo que está concebida primordialmente: enseñar y colaborar con la educación que las familias eligen transmitir a sus hijos.

Muchas gracias.