Vivir con el coronavirus, también en la enseñanza

El presidente del Gobierno anunció el pasado día 28 de abril el plan de desescalada del confinamiento, también el que afecta a la actividad de los centros educativos. Como en anteriores ocasiones, las decisiones se han tomado con improvisación y opacidad. Al comienzo de la crisis, y ante la magnitud y celeridad de los acontecimientos, podría justificarse en cierto modo la necesidad de improvisar, de adoptar medidas urgentes, pero ya no tanto en la fase de desconfinamiento, que requiere una planificación, más participación, ajustárse a la realidad de la evolución de la pandemia y no tanto a motivaciones políticas. La apertura de los centros educativos debería coordinar, además de la información que proporcionan las autoridades sanitarias, la de los expertos e interlocutores sociales autorizados en los diferentes sectores afectados. 

Quedan menos de dos meses para terminar el curso actual. El Gobierno ya ha anunciado que no se volverá a los centros hasta el próximo, salvo excepciones que han descrito en un galimatías incomprensible para intentar salvar lo incierto y contradictorio de la situación. Por un lado, se ha recurrido a la conciliación para justificar que retornen a los colegios los niños de Educación Infantil, pero se deja sin resolver el problema mayor, que son todos los alumnos de Educación Primaria y de Enseñanza Secundaria. Por otro lado, se ha previsto que de manera voluntaria puedan asistir a algunas clases presenciales los alumnos de 4º de la ESO, de 2º de Bachillerato y de segundo año de ciclos formativos de Grado Medio y Superior. También, con carácter voluntario, pueden reanudar la actividad en la Educación Especial. Todos los que no quieran o no puedan volver tendrán que seguir recibiendo programas de refuerzo educativo en sus casas. 

No se hace ninguna mención a la seguridad y salud. Mucho menos a lo laboral. Olvidan la dura sobrecarga que soporta el profesorado en este tercer trimestre al pedir desdobles de grupos e incluso alternar la formación presencial y online para atender a los mismos alumnos. Esto no es posible en las actuales circunstancias. Y luego está el miedo. Llevamos más de 60 días en confinamiento oyendo noticias funestas 24 horas al día sobre el coronavirus. Ninguna actividad grupal parece lo suficientemente segura. Tampoco la enseñanza. Para muchos profesores, a los que se ha pedido el sacrificio de estirar su jornada laboral como un chicle y una metamorfosis abrupta como formadores online, sólo con sus medios y capacidades, volver a las aulas en estas condiciones no es aceptable.  Este es el contexto. Hay que contar con ellos para pensar en el diseño final de la desescalada. No basta con enunciar epígrafes sueltos sin ningún contenido específico y concreto. Lo macro es un agregado compuesto de lo micro. Y en esta ocasión de emergencia sanitaria, los pequeños detalles cuentan. Hablemos pues de esos detalles: el papel también contagia el Covid-19. ¿Se usará para los exámenes, como por ejemplo en la próxima EBAU?

El retorno a las aulas es un tema complejo que hay que abordar con sensatez. La incertidumbre es todavía muy alta. Opiniones hay muchas y para todos los gustos. También modelos de actuación. Los países de nuestro entorno están haciendo cada uno lo que le da la gana. El denominador común de este mosaico; es más fácil cerrar los centros que volver a abrirlos. Sobre esta cuestión apunto a continuación algunos aspectos que considero significativos.

En primer lugar, es necesario abrir los centros educativos, pensando sobre todo ya en el curso que viene. Los centros privados son los más vulnerables en esta situación. Recordemos. Una empresa educativa es una actividad puesta en pie para conseguir determinados objetivos en un determinado contexto. Y aunque defendamos que las empresas no tienen como único y exclusivo objetivo maximizar los beneficios, es evidente que si no son rentables o ni siquiera sostenibles económicamente en una escala temporal definida, las empresas se ven abocadas a cerrar. Y con ellas desaparece el empleo. Todos pierden, empresarios y trabajadores. Si los sindicatos y las patronales construyen sus discursos en paralelo, compitiendo, amplificando o reforzando sólo lo que sus afiliados quieren oír (y que suele coincidir con lo más fácil y lo más rentable a corto plazo para ambos), será imposible recuperar la actividad del sector con la paz social necesaria.

Urge convocar mesas de trabajo sectoriales que estudien y acuerden las medidas oportunas para el retorno a la actividad. La enseñanza privada y la enseñanza concertada son muy importantes en el conjunto del sistema educativo desde el punto de vista del empleo, pues ocupan a más de 200.000 personas. También la enseñanza pública tendrá que afrontar el reto de la desescalada en los mismos términos de equilibrio entre seguridad y actividad ajustándose a la financiación disponible, que no va a ser nunca suficiente y menos cuando aflore en toda su crudeza la nueva crisis económica. 

En segundo lugar, hay que decirle la verdad a la población en relación con la Covid-19. España flota sobre relatos contradictorios y poco sólidos generados por el conflicto político y una constelación de mensajes científicos y pseudocientíficos. Afortunadamente, se pueden aislar y ponderar hechos y datos. A la gente hay que informarle sobre el riesgo real para su salud a partir de los datos documentados, por grupos de edad, sexo y considerando las patologías previas. El confinamiento es una medida extrema para aplanar la curva de contagios, impedir la saturación y el colapso de los servicios sanitarios, y también para disminuir todo lo posible las muertes, que son inevitables ante una enfermedad infecciosa nueva. Lo estamos viendo cada día en las estadísticas que facilitan los diversos países afectados por la pandemia. 

Los porcentajes de letalidad son necesariamente más bajos, pues sólo cuentan los contagiados confirmados oficialmente. La proporción de contagiados no confirmados será mucho mayor, sin duda, y nos acercarían a tasas más realistas.

Pero el confinamiento no debe prolongarse después de conseguir aplanar la curva de contagios, no extermina al virus, que seguirá conviviendo con nosotros hasta que se alcance la inmunidad de grupo, se obtenga una vacuna o se descubran tratamientos efectivos. Entre tanto, ¿qué hacemos? La vida tiene que seguir, tenemos que aceptarlo cuanto antes, y debemos hacerlo en las mejores condiciones posibles, considerando la seguridad sanitaria con realismo, sin exageraciones interesadas y apoyándonos más en el compromiso personal que en el control gubernamental en la actual fase de desescalada. Ya lo están haciendo muchos miles de trabajadores, sanitarios, transportistas, policías, personal de limpieza, comerciantes, y tantos otros que hacen posible los servicios esenciales y el abastecimiento de la población. La actividad educativa tiene que reanudarse, minimizando riesgos, pero también evitando las ocurrencias imaginativas como las anunciadas por la ministra Celaá. ¿Pero de verdad alguien cree que se puede plantear la vuelta al cole por turnos o días, combinando formación presencial y online? ¿Qué pasará con las familias en las que trabajan ambos padres? ¿Prolongamos el caos más meses?  O en sentido contrario, aceptamos lisa y llanamente que el coronavirus nos ha ganado la partida y nos replegamos en nuestras casas indefinidamente. Esto es un jaque a muchos centros privados, pero también al servicio público educativo, que tiene que contribuir, como todos los demás, a la reconstrucción del país y al retorno a toda la normalidad que podamos conseguir.

Me sorprende que se omita en el debate cómo es y en qué consiste la actividad educativa en sí misma. Qué son los niños y como se comportan los niños. Un colegio es un lugar donde se da la convivencia cercana de cientos de alumnos y profesores, muchas horas y compartiendo dentro los centros educativos espacios limitados en aulas, pasillos, patios, gimnasios, bibliotecas, salas de profesores, comedores, etc. También afecta a las entradas y salidas diarias que se desarrollan en embudos donde se concentran miles de personas cada día, o también, por ejemplo, al transporte escolar. Los diferentes niveles educativos y las asignaturas que se imparten tienen perfiles de contacto social propios. 

Por ejemplo, en la Educación Infantil 0 a 3 años, la cercanía física del profesorado con los niños es inevitable. El mismo caso se da en la Educación Especial. En el caso de algunas asignaturas, la educación física en espacios cerrados, por ejemplo, también requieren de mucha proximidad e incluso de contacto. El ejercicio al aire libre necesita ampliar el espacio entre los participantes por el exhalado del esfuerzo, etc. Podríamos desgranar multitud de ejemplos que demuestran, en la práctica, que esto es difícil cambiarlo de repente con fórmulas mágicas e imaginativas.

Es responsabilidad de las Administraciones y de las empresas valorar el riesgo para la salud de los trabajadores. Me refiero, en particular, a las personas con alta sensibilidad a la enfermedad. Creo que se deberían establecer las pautas y los procedimientos de actuación necesarios para garantizar la protección eficaz de este colectivo sensible a la infección por coronavirus. Esto se hace a través del área de vigilancia de la salud del Plan de Acción Preventiva que deben tener todos los centros y que debería actualizarse considerando el riesgo del coronavirus.

Se deben implementar las medidas de distanciamiento personal que sean posibles dentro de los límites físicos en los que desarrollan su actividad. Los pasillos, los comedores, los patios y las aulas son los que son y no se pueden ensanchar más. Pero se pueden evitar las concentraciones en las entradas y salidas, en los desplazamientos interiores, si se escalonan los movimientos del alumnado. También eludir de momento las actividades que impliquen grandes aglomeraciones, y que no son esenciales, como las graduaciones, los festivales, etc.

Las medidas de higiene y de protección personal de los trabajadores han de ser las herramientas principales. Se puede reforzar diariamente la limpieza, instalar medidas de barrera en algunas instalaciones y también facilitar EPIs al profesorado y al PAS. Es verdad que el miedo es libre, pero también que la regla máxima seguridad para todos al precio que sea debe utilizarse con prudencia, porque puede ser innecesario y, además, crear un desbarajuste monumental en la actividad de los centros, en el alumnado y las familias. A muchos centros privados, por si fuera poco, los abocaría a la inviabilidad económica, poniendo en riesgo gran parte del sector y el empleo. No nos dejemos engañar por la demagogia y por los mensajes radicales, ultra exigentes e invasivos de la conciencia y de la libertad que se han puesto tan de moda estos días. Siempre conducen a conclusiones tremendistas, a crear una culpabilidad excesiva de grupo y a la inmovilización. El miedo nunca nos dice la verdad. ¡Alerta! Si hay políticos o estrategias políticas detrás del miedo, menos. Pensemos mejor en términos proporcionales y prudentes. Por ahí pasarán las soluciones.

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