Autor: Antonio Amate

El Pacto imposible

Al final no pudo ser. Después de más de un año de conversaciones, declaraciones, comparecencias y contactos, el Pacto fracasó. Era un acuerdo imposible porque requería una condición previa que nunca se dio, la voluntad de pactar con el contrario en público, con público, con luz y taquígrafos, porque eso exige modificar las posiciones iniciales y nadie estaba dispuesto a asumir ese coste.  La política española, en este momento, no tiene el grado de madurez ni el nivel intelectual y humano suficiente para construir una convivencia razonable entre los modelos educativos enfrentados desde la aceptación de las diferencias y la diversidad de posturas que hay en nuestra sociedad. Cada uno va a lo suyo y todos quedan inevitablemente atrapados en la pretensión de ganar al contrario en el tablero de este “juego de tronos” que no conoce tregua. Con la llegada de Sánchez a la Moncloa se inaugura otra nueva temporada de esta serie interminable.

Empieza la negociación del Pacto Educativo

Tras un año de comparecencias y tanteos sobre la opinión pública para medir las fuerzas, los partidos políticos se han puesto a negociar, al fin, en la Subcomisión del Pacto formada en el Congreso. La metodología no es muy novedosa. Se parte de un elenco de temas que coinciden más o menos con los principales enunciados de las leyes educativas que ya hemos conocido, pero sin ir más allá. Ahora toca lo difícil, que es elaborar los contenidos y buscar acuerdos amplios y estables para facilitar la elaboración de una futura ley educativa que pueda sobrevolar por encima de los resultados electorales en las próximas legislaturas.

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Pacto Educativo sí, pero con todos.

En el reciente Seminario Internacional convocado por EZA-USO en Barcelona sobre “Sistemas Educativos de Calidad y objetivos de los modelos europeos 2020” llegamos a algunas conclusiones interesantes. El debate del Pacto Educativo, que se acerca ya al año de su inicio, tiene que plantearse seriamente en clave de conciliación, de superación del conflicto permanente que desgasta al mundo educativo en un enfrentamiento de bandos, en una lucha de carácter tribal y en la que los partidos políticos y las organizaciones sociales fijan sus programas de máximos y buscan vencer imponiendo a todos su modelo particular.

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¿Pacto Educativo o pactito?

Recientemente, ha sido publicado el documento denominado “Decálogo. Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación”, firmado por un colectivo de organizaciones sociales y políticas de la izquierda. Coincide en el tiempo con el registro de tres proposiciones de Ley en el Congreso por parte del PSOE el pasado mes de septiembre. Las siglas más conocidas que secundan esta nueva estrategia de cara a la futura ley educativa son PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, CCOO, STES, CGT, CEAPA y Sindicato de Estudiantes.

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El 5 es aprobado… raspado

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el nuevo Real Decreto que el Ministerio de Educación tiene que publicar para terminar de aclarar la evaluación final de la ESO y del Bachillerato. El protagonista del debate ha sido una cifra simbólica para la enseñanza, el tan maltratado 5. ¿Cuál era la sustancia de la polémica, el fondo de la cuestión? Pues un enredo político motivado por la contramarcha en la aplicación de la LOMCE que el Ministerio de Educación aceptó desde comienzo del presente curso escolar para “facilitar” el diálogo en el nuevo Pacto de Estado por la educación. La LOE existe, está vigente, modificada por la LOMCE desde diciembre de 2013, aunque actualmente su aplicación está paralizada en aspectos tan relevantes como las condiciones para la obtención del título de Secundaria y del Bachillerato. Hemos llegado al estrambote de una convivencia indefinida entre lo viejo y lo nuevo, creando una situación ridícula e incomprensible. ¿Aprobado con menos de un 5? Pues sí, porque cumple los requisitos de titulación, o al menos así se explicará en el título de la ESO junto a una calificación inferior a 5.

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Intervención en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, marzo de 2017

     
     Quiero intervenir en este pleno del Consejo Escolar del Estado para hablar muy brevemente sobre varias cuestiones.
    En primer lugar, para expresar nuestra voluntad de colaborar en la construcción de un Pacto Educativo que supere las diferencias de las distintas posiciones en conflicto relegando al interés general los intereses corporativos e ideológicos, las agendas políticas y sindicales propias, poniendo el acento en las cuestiones más relevantes de la enseñanza, que son las de naturaleza organizativa, académica y pedagógica, es decir, los factores internos del sistema educativo. Si la idea es alcanzar el Pacto Educativo que le dé la razón a uno y se la quiete a todos los demás, no merece la pena gastar en ello ni tiempo ni esfuerzo. Otra cosa es un planteamiento que busque el acuerdo sobre las necesidades antes que sobre las soluciones, y con respecto a las segundas, sobre las soluciones, respetando lo que funciona en el sistema escolar, que es mucho, mejorando lo que es mejorable, y desarrollando muchas líneas que se escribieron en la “Declaración Conjunta a favor de la Educación de 1997” y en el texto final del “Pacto Político y Social por la Educación de 2010”.
     En segundo lugar, contamos con un artículo 27 de la Constitución que establece las líneas maestras para afrontar las anteriores cuestiones. Aunque después se dejó al desarrollo legislativo posterior su concreción, y su aplicación ha sido el lugar de un desencuentro permanente entre las dos visiones mayoritarias de la educación de nuestro país: la socialista-progresista y la liberal-conservadora. En un momento político y social donde radicalizarse es tan fácil y tan rentable, es en el espacio de la moderación, de la continencia ideológica y verbal, de la prudencia y de la sensatez donde podríamos caber muchos, probablemente la mayoría, que han sido siempre las coordenadas más realistas para apostar por el acuerdo y renunciar a los posicionamientos excluyentes. 
     En tercer lugar, expresar que, para la Unión Sindical Obrera, la prioridad del sistema educativo, con un sólido respaldo de la inversión pública, consiste en atender la demanda social de las familias de este país, que lo que quieren es una oferta formativa gratuita y de calidad en los diferentes niveles de la enseñanza reglada -unas buenas escuelas-, con independencia de quién sea el titular del servicio o quién lleve a cabo su prestación. Una enseñanza que facilite el respeto a la pluralidad en lo referente al ideario, los valores, la organización académica y pedagógica y una mayor autonomía y flexibilidad de los centros con respecto al plan de estudios. En definitiva, necesitamos una escuela que haga en primer lugar aquello para lo que está concebida primordialmente: enseñar y colaborar con la educación que las familias eligen transmitir a sus hijos.
Muchas gracias.

Pacto Educativo. ¿Ahora sí?

Muchos pensamos que un Pacto Educativo en España sería un gran avance para el interés general de todo el país. Y si es necesario alcanzar un Pacto es porque existe un conflicto o, mejor dicho, una colección de conflictos que impiden, distorsionan y dificultan el objetivo principal del sistema escolar: el éxito académico y personal del alumnado, o al menos de una gran mayoría.
Nuestro sistema educativo (sin contar las 83 universidades) es una inmensa maquinaria que presta servicio a más de 8 millones de alumnos, con 670.000 profesores y cerca de 27.000 centros educativos sobre el que se toman decisiones en 18 cuarteles generales y cuyos resultados son bastante dispares, tal y como se desprende del último Informe Pisa 2016. Esto no es Finlandia. La gestión de este gigantesco edificio escolar es compleja por sus dimensiones, por la multiplicación de modelos y realidades (18 subsistemas en la práctica) y más compleja por las tensiones que genera el pulso permanente que sostienen las dos visiones mayoritarias de la educación de nuestro país en su intento de imponerse: la socialista-progresista y la liberal-conservadora.

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