Etiqueta: Educación

¿Pacto Educativo o pactito?

Recientemente, ha sido publicado el documento denominado “Decálogo. Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación”, firmado por un colectivo de organizaciones sociales y políticas de la izquierda. Coincide en el tiempo con el registro de tres proposiciones de Ley en el Congreso por parte del PSOE el pasado mes de septiembre. Las siglas más conocidas que secundan esta nueva estrategia de cara a la futura ley educativa son PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, CCOO, STES, CGT, CEAPA y Sindicato de Estudiantes.

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El 5 es aprobado… raspado

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el nuevo Real Decreto que el Ministerio de Educación tiene que publicar para terminar de aclarar la evaluación final de la ESO y del Bachillerato. El protagonista del debate ha sido una cifra simbólica para la enseñanza, el tan maltratado 5. ¿Cuál era la sustancia de la polémica, el fondo de la cuestión? Pues un enredo político motivado por la contramarcha en la aplicación de la LOMCE que el Ministerio de Educación aceptó desde comienzo del presente curso escolar para “facilitar” el diálogo en el nuevo Pacto de Estado por la educación. La LOE existe, está vigente, modificada por la LOMCE desde diciembre de 2013, aunque actualmente su aplicación está paralizada en aspectos tan relevantes como las condiciones para la obtención del título de Secundaria y del Bachillerato. Hemos llegado al estrambote de una convivencia indefinida entre lo viejo y lo nuevo, creando una situación ridícula e incomprensible. ¿Aprobado con menos de un 5? Pues sí, porque cumple los requisitos de titulación, o al menos así se explicará en el título de la ESO junto a una calificación inferior a 5.

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Pacto Educativo. ¿Ahora sí?

Muchos pensamos que un Pacto Educativo en España sería un gran avance para el interés general de todo el país. Y si es necesario alcanzar un Pacto es porque existe un conflicto o, mejor dicho, una colección de conflictos que impiden, distorsionan y dificultan el objetivo principal del sistema escolar: el éxito académico y personal del alumnado, o al menos de una gran mayoría.
Nuestro sistema educativo (sin contar las 83 universidades) es una inmensa maquinaria que presta servicio a más de 8 millones de alumnos, con 670.000 profesores y cerca de 27.000 centros educativos sobre el que se toman decisiones en 18 cuarteles generales y cuyos resultados son bastante dispares, tal y como se desprende del último Informe Pisa 2016. Esto no es Finlandia. La gestión de este gigantesco edificio escolar es compleja por sus dimensiones, por la multiplicación de modelos y realidades (18 subsistemas en la práctica) y más compleja por las tensiones que genera el pulso permanente que sostienen las dos visiones mayoritarias de la educación de nuestro país en su intento de imponerse: la socialista-progresista y la liberal-conservadora.

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Demasiada política, menos educación

La última semana de octubre concentra todos los eventos oficiales para la nueva sesión de investidura y, en su caso, la elección de presidente del Gobierno. Coincidiendo con estas fechas de tanta actualidad política, se produce el apoyo de la Plataforma por la Escuela Pública a la huelga el próximo 26 de octubre convocada por el Sindicato de Estudiantes y la CEAPA contra las reválidas.

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La escuela desvertebrada

   Se inicia un nuevo curso escolar, el 2016-2017, y lo hace atrapado en los mismos dilemas e incógnitas que despidieron al anterior. La LOMCE y el “Pacto educativo” son sus principales claves interpretativas. Estamos en un momento político inédito. El rechazo de la candidatura de Mariano Rajoy a presidente del Gobierno por parte de la mayoría de la Cámara a finales de agosto, prorroga la situación de interinidad política en la que vive España desde la disolución de las Cortes en octubre del año pasado. Por el camino, dos procesos electorales y la hipótesis nada desdeñable de un tercero a final de año. Sin Gobierno, la actual ley educativa prosigue el calendario de aplicación acercándose ya a su término con las polémicas evaluaciones finales de Secundaria y de Bachillerato, uno de los centros neurálgicos de la reforma de Wert.

Mucho se está escribiendo sobre laincapacidad de los políticos para llegar a acuerdos o pactos con los que traducir en un programa de gobierno la voluntad que, en seis meses, los españoles han expresado por dos veces en las urnas. Pero se echa de menos una mirada más atenta sobre la falta de contenido ideológico de esos líderes tanto en sus discursos parlamentarios durante las sesiones de investidura como en sus declaraciones o, por supuesto, en las dos campañas electorales. También, y principalmente, sobre educación.
Todos invocan continuamente el Pacto escolar en una letanía aburrida y vacua, pero sus discursos se reducen al manoseado no absoluto a la LOMCE de las izquierdas y los partidos nacionalistas y el sí, pero con reformas y matices muy imprecisos de Ciudadanos y el propio Partido Popular. Creo que si algo tienen claro los profesionales de la enseñanza y los ciudadanos son los vetos y las fobias de los principales partidos y, por supuesto, que todos han culpado a los otros de no ceder lo suficiente para que hubiera un Gobierno y, a la vez, un consenso mínimo para construir de una vez por todas un Pacto educativo. Así están hoy día las cosas.


Mientras tanto, se sigue gobernando y se toman decisiones en las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias en educación. Y gobernar es principalmente “elegir”, como manifestaba Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en la última campaña electoral. Tras las decisiones políticas no es posible ninguna forma de camuflaje, porque los hechos son observables y sus consecuencias muy visibles.
Por un lado, hay que contar con la férrea oposición de doce Comunidades Autónomas a la aplicación de la LOMCE y, particularmente, a las pruebas finales de ESO y Bachillerato. Es bastante probable que se nieguen a ponerlas en marcha. Ya ocurrió a final del curso pasado con la evaluación de 6º de Primaria, una prueba mucho más inofensiva que las reválidas que, aun así, gestionaron de forma irregular catorce autonomías (las popularesGalicia y Castilla y León incluidas). Una de las motivaciones principales del ministro Wert –dar mayor coherencia y uniformidad al conjunto del sistema educativo en España-, hace aguas por todas partes, dominado por una enorme cantidad de particularidades muy difíciles de revertir (por ejemplo, Cantabria estrena este curso sus polémicas vacaciones alternativas, con una semana libre cada dos meses de clase). 
Además, las Comunidades gobernadas por partidos de izquierda inician continuamente incendios políticos, algunos de gran magnitud, pensando exclusivamente en el beneficio electoral y, sobre todo, en busca de la hegemonía cultural e ideológica que los perpetúe en el poder a medio o largo plazo. Los montes que incendian una y otra vez nuestros conocidos pirómanos progresistas son el de los conciertos educativos y el de la asignatura de Religión. Dos temas centrales del Pacto educativo que debe alcanzarse en seis meses según algunos, ¡ahí es nada! Lamentablemente, ambos están produciendo ya daños humanos y laborales irreparables, destruyendo derechos, empleo, pluralidad educativa y libertades de la sociedad civil.


La aplicación de la LOMCE en estas Comunidades se hace de manera desigual e interesada, pues se incumple de manera flagrante una ley orgánica en los aspectos que les resultan indeseables (por ejemplo, el asunto de las mal llamadas reválidas), pero se acogen con rapidez a los que les benefician, como es el caso de la disminución horaria de la asignatura de Religión que permite la reforma de Wert. El profesorado de la asignatura de Religión en la escuela pública se enfrenta a reducciones de plantillas y de jornada salvajes, atropellando sus carreras docentes, sus expectativas laborales y económicas, y condenándolos a una agonía permanente para saber quién y en qué condiciones puede seguir impartiendo clase cada nuevo curso escolar. La demanda de las familias, sin embargo, sigue ahí, creciendo incluso en el Bachillerato, año tras año. No olvidemos que esta asignatura es de oferta obligada por los centros y de libre elección por los padres, y que el curso pasado subió del 51,9% al 53% el porcentaje de matriculaciones en religión católica en los centros públicos.
Del mismo modo, se multiplican y enconan los enfrentamientos de los trabajadores y los centros concertados con las Administraciones progresistas, como por ejemplo en el caso sangrante de la Comunidad Valenciana. La concertada está siempre amenazada por la espada de Damocles de la financiación pública, continuamente insuficiente, y a cuyo acceso se ponen toda suerte de trampas y cortapisas jugando sin ningún disimulo a la contra, siguiendo una estrategia clara de empobrecer y reducir el sector educativo concertado, tanto en su oferta de plazas educativas como en los derechos laborales y económicos de sus docentes.


Menos concertada y más enseñanza pública y laica es la vetusta monodia educativa que imponen los jóvenes y modernos talentos de la nueva izquierda cuando pueden decidir con un boletín oficial  dónde se gastan los impuestos de todos los contribuyentes, haciendo caso omiso de la voluntad libremente expresada por esos mismos ciudadanos, año tras año en los procesos de matriculación del alumnado, que siguen eligiendo masivamente la escuela concertada y la asignatura de Religión para sus hijos. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.Progresamos, sí, pero hacia atrás.

Un nuevo congreso, una nueva oportunidad.



Nos acercamos a nuestro próximo congreso en Salamanca, la semana que viene. Para nosotros es una ocasión importante porque evaluamos y cerramos una etapa, y al mismo tiempo abrimos otra nueva. Inauguramos un proyecto con el reto de llegar a ser el “sindicato de todos”, la casa común de todos los trabajadores de la enseñanza con independencia de su centro de origen, público o privado. Porque compartimos una vocación común, “todos educamos”, perseguimos el mismo objetivo, “prestar un servicio educativo de la mayor calidad”, y lo hacemos desde la misma profesionalidad y con la personalidad propia de cada red de centros.


La centralidad de las familias en la educación de sus hijos es un elemento “impulsor, de progreso y de modernidad” para nuestro sistema educativo. Las escuelas están al servicio de las familias y así deben concebirse, no al revés; jamás deben doblegarse para quedar reducidas a ser meros instrumentos de cualquier ideología por seductora y fascinante que parezca. La escuela plural, autónoma, heterogénea, ilustrada e innovadora es la mejor barrera contra las pretensiones de cualquier tiranía, también posible en un régimen político democrático. Me refiero -a “la tiranía de la mayoría” que se puede ejercer, sobre todo, mediante decisiones de las autoridades públicas, o también a “la tiranía de las opiniones y los sentimientos dominantes”, es decir, contra la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios que sanciones civiles, sus propias ideas y prácticas como norma de conducta para quienes disientan de ella, así como a estorbar el desarrollo y, si fuera posible, impedir la aparición de cualquier individualidad que no esté en armonía con ella, para, de este modo, moldear los caracteres según el modelo por ella preconizado- (J.E.Mill.Sobre la Libertad)


Junto a esta defensa de las libertades, entiendo que la gratuidad real de las enseñanzas básicas y las preuniversitarias en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos es una garantía de igualdad y de verdadero compromiso político y social de un país con la universalización del conocimiento y con la construcción de un pueblo libre y más culto. Sin una financiación justa y suficiente no es factible ningún programa educativo y se puede  finalmente discriminar gravemente al alumnado según el tipo de centro en el que esté escolarizado, público o privado concertado. El Estado debe garantizar el derecho a la educación de todos, y desde una posición subsidiaria a la individualidad y a la iniciativa de la sociedad civil que se expresa mediante la creación de centros en torno a un proyecto educativo.
En la escuela pública, y en lo que se refiere a la autonomía escolar, su razón de ser radica en la necesidad urgente de los centros de enseñanza de obtener la capacidad para poder adaptar los proyectos educativos y gestionarse por sí mismos, facilitando así una mayor personalización de la enseñanza de acuerdo con la variedad de entornos sociales y las características personales de los sujetos educativos. Cuanto mayor es la presencia del Estado en una sociedad se hace más necesaria una mayor autonomía de los centros escolares públicos para cumplir con éxito su misión. El mayor peligro es tender hacia un sistema uniforme y controlado por el poder político de turno; cada gobierno pretende imponer “su” reforma educativa porque cree que es mejor que la de los demás, en un vaivén permanente, agotador e ineficaz de reformas legislativas.


Para ello, buscaremos cambiar la situación actual definida por el conflicto y la confrontación, de un ataque como adversarios y defensivo, hacia la cooperación. Nuestra Constitución contiene y concibe las redes educativas de manera complementaria. Es urgente cambiar la dinámica presente, comenzando a discutir con realismo las necesidades, en vez de solamente buscar soluciones a intereses particulares. 
Queremos lo que es justo para todos nosotros.
 La perspectiva de “todos ganan” descansa en estrategias que priorizan regresar a las necesidades, reconocer  las diferencias y las potencialidades de las redes de centros, y una apertura mínima para adaptar nuestra posición y actitudes a la luz de la realidad: ¿Por qué cambiar lo que está funcionado bien?. Por encima de todo, atacar los problemas, no a la personas, a los colectivos de trabajadores, a los centros o las diversas opciones y preferencias pedagógicas, filosóficas y la libertad de conciencia de las personas y de las familias.

Empezamos el VII Congreso de FEUSO en un contexto político y social confuso, convulso y excesivamente polarizado. Nos esperan desafíos apasionantes. No desertaremos de ellos.

Cuando la política antepone la doctrina a la realidad

La escuela concertada se está convirtiendo estas últimas semanas en uno de los temas centrales de la campaña electoral del 26J. El hecho activador está en la Comunidad Valenciana, en la nueva política personificada por el consejero Marzá y en la importante reacción social que ha provocado en numerosos colectivos; principalmente entre las familias con hijos en edad escolar y los trabajadores del sector. Se reabre así un nuevo capítulo de la paleolítica guerra escolar que pone en el punto de mira a los conciertos educativos: su definición, su existencia, su papel y su financiación están otra vez en la bronca política. Los argumentos a favor y en contra, por muy elaborados y fundamentados que puedan estar, son secundarios. Lo principal es la doctrina que defiende la nueva izquierda, representada en este caso por Compromís, y los objetivos que se fijaron desde el principio. Lo demás es simplemente garabatear.

Mónica Oltra, hace más de un año, cuando no era todavía gobierno, lo manifestaba sin ambigüedad alguna a los medios: “los conciertos seguirán existiendo, y en la medida en que haya infraestructuras públicas, se irán eliminando”. Es decir, conforme se construyan colegios públicos se destruirán conciertos.
El actual presidente, el socialista Ximo Puig tampoco parecía tener muchas dudas entonces; no suprimiría la enseñanza concertada ya existente, aunque “lo que no vamos a hacer es concertar la enseñanza obligatoria cuando hay plazas libres ni regalar solares a empresas privadas”.
Por el camino, los apestados de la educación española serán las primeras víctimas sin ningún diálogo o negociación posible; los centros de educación diferenciada y la asignatura de religión en la escuela pública. Sólo les queda el parapeto de la LOMCE, mientras exista.
Esta es la doctrina política, reducir los conciertos educativos y trasvasar el alumnado a los centros públicos laicistas progresivamente. Como decía antes, luego se construyen los argumentos que hagan faltan, veraces o no. Los instrumentos del cambio se ponen en marcha con decisión política: Incremento de plazas públicas, principalmente de 0 a 3 años (en las condiciones que sea), recurrir de nuevo a la zonificación para poner un corralito a la demanda de los padres, limitar en el futuro el concierto a la enseñanza obligatoria –supresión del bachillerato concertado-, utilizar los decretos de admisión de alumnos como arma, reducción del horario de la asignatura de religión y de sus contenidos al ridículo gnoseológico, etc.
Esta maniobra de asfixia a la concertada puede extenderse, como ya de hecho está empezando a ocurrir, a otras comunidades donde Podemos apoya a Gobiernos, como es el caso de Extremadura.

El tema de la financiación siempre está presente, por acción o por omisión. O ambas a la vez, como suele ser endémico en la intransigente doctrina de la izquierda. Por un lado, se denuncia el cobro de cuotas voluntarias a las familias como una irregularidad a extirpar del sistema por razón de justicia social, por otro lado, se omite con toda desfachatez entrar en el debate del coste real del puesto escolar, porque pagar poco y exigir mucho es la triste realidad cotidiana que impone una financiación de los módulos de concierto intencionadamente deficitaria por parte de las Administraciones, de manera ya endémica. Pero a la postre, esa es una de las razones prácticas por las que se perdona la vida todavía a la escuela concertada, porque sale más barata, sobre todo, y mucho, el salario de sus profesores.

Mientras tanto, las libertades individuales de los ciudadanos son pisoteadas en nombre del progresismo y de la democracia 2.0 versión Podemos y sus derivados. Su modelo de escuela única, pública y laicista seguirá adelante si los votos y el tiempo se lo permiten a los actuales gobernantes y a sus aspirantes a Gobierno.  Las familias tendrán que acabar pidiendo perdón por escolarizar a sus hijos en la escuela que prefieran a modo de exorcismo social y democrático, porque la realidad, que es plural y muy diversa no importa (demanda social altísima y estable en las escuelas concertadas), lo único que importa es la doctrina, y ahora la doctrina es la ley.