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Doce comunidades se rebelan contra la prueba de Primaria de la LOMCE

Doce comunidades han decidido no aplicar este curso la prueba final obligatoria común que regula la LOMCE para todo el alumnado de sexto de Primaria, aunque la mayoría de ellas ha optado por una evaluación alternativa, como es el caso de las ocho gobernadas por el PSOE. Sólo las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Murcia) aplicarán la evaluación final de Primaria según las previsiones de la LOMCE.

¿Qué está pasando en España? ¿Sólo aplican la ley las comunidades donde gobierna el partido que aprobó la ley en el parlamento nacional? ¿La ley sólo obliga a los territorios gobernados por el partido que legisla en Madrid? ¿Qué está haciendo el Gobierno? ¿Meter la cabeza en el agujero y hacer como que no ve? ¿Eso es aplicar la ley con flexibilidad?

La situación de la educación en España es inédita en nuestra democracia y gravísima. Si ya damos por bueno que las Comunidades pueden hacer lo que crean conveniente por encima de las normas estatales -comunes-, es el fin del Estado a medio plazo. Sorprende la finura democrática de la izquierda española, que sólo cumple las leyes que le gustan y sabotea las que no le gustan hasta un extremo que es abrazar sin pudor la ilegalidad. ¡Las instituciones no cumplen la ley en España de manera pública, bravucona y flagrante!

Tenemos por tanto dos situaciones incompatibles con el estado de derecho. Por un lado, una norma educativa que es una Ley Orgánica, pero que se puede incumplir sin ningún problema. Y por otro lado un conflicto de competencias entre las Comunidades y el Estado que se finiquita a favor de las Comunidades. La soberanía del pueblo español está en primer lugar y en primer nivel en los parlamentos territoriales. Y luego te quedas pasmado cuando los insumisos de izquierdas, los que quieren promover un gobierno del cambio en el país, dicen que cuando ellos gobiernen harán una ley para todos, y que ¡esa sí se va cumplir en España porque será de todos! Oiga, ¿y el Congreso de los Diputados y el Senado a quien representan entonces?

De acuerdo. La LOMCE fue una ley muy polémica desde que inició su tramitación. Tampoco fue pacífica la tramitación de la LOE, no lo olvidemos. Ambas leyes se aprobaron en el parlamento con el voto contrario en bloque de la oposición. Pero una se cumplió y la otra no. La única diferencia está en la filiación política de la norma. ¿Y ahora qué va a pasar?

Si gobierna en España finalmente el centro derecha después de las elecciones del 26J, pues tendremos asegurado otro espectáculo más de la desintegración de España y del estado de derecho: la prueba de primaria es uno de sus mandatos menos polémicos y a la vista de todos está el lio monumental que hay organizado. ¿Qué ocurrirá cuando llegue el curso en el que deba aplicarse la prueba de secundaria?

Si en cambio gobernara en España un gobierno del cambio de la izquierda, pues ningún problema, derogación en bloque de la LOMCE y nueva ley educativa. Pero, ¿esta nueva DOMCE nacería en un momento apropiado para el consenso y el acuerdo de las fuerzas políticas y de la comunidad educativa? ¿Se dan las circunstancias más favorables para conseguir un Pacto Educativo de mínimos?¿O estaremos en un nuevo escenario de confrontación desleal, de convulsión, de enfrentamiento y derribo del adversario político e ideológico a fuerza de artículos de ley?

No puedo dejar pasar decir algo sobre el papel tan infortunado que está haciendo el Ministerio de Educación en estas legislaturas (en plural), la normal y la rara de estos últimos meses. La LOMCE es, hasta la última letra, obra singular del Gobierno de Rajoy. Ahora, el mismo gobierno se esfuerza por hacer una aplicación flexible e incompresible a la vez de su propia ley, porque parece que está avergonzado de ella y ayuno de convicciones.

Para botón vale sólo una muestra. ¿Por qué se discrimina al profesorado de la escuela privada y concertada en la realización de las pruebas externas?. Vamos a verlo:

Las pruebas externas implantadas por la LOMCE, según el artículo 144 de la Ley serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro, es decir, funcionarios y profesores de la escuela privada.
El Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, establece que la Administración educativa competente establecerá procedimientos para la selección del profesorado funcionario del Sistema Educativo Español externo a los respectivos centros docentes. Ahora resulta que sólo realizarán las pruebas los profesores funcionarios de la pública contradiciendo a la propia Ley
Orden ECD/594/2016, de 25 de abril, por la que se regula la realización de la evaluación final de Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aquí ya tenemos la traca final. En su ámbito de gestión territorial, el Ministerio contradice el decreto 1058/2015 y se vuelve a aplicar el 144 de la LOMCE. Ahora es el profesorado de los centros docentes públicos y privados incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta orden, que colaborará en la aplicación de las pruebas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ahí queda eso. El desenredador que desenrede esta impresionante madeja, buen desenredador será … Apasionante final del curso 2015 y 2016.

La fractura educativa es insalvable por hoy

La aprobación de la Proposición de Ley impulsada por el PSOE en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de abril para paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE, constituye hoy una prueba más de la fractura insalvable que divide la educación en España. Sin duda esta actuación revela algunas situaciones significativas.

En primer lugar, que existe una mayoría de izquierdas y nacionalista en el actual parlamento que ha conseguido aprobar esa proposición de Ley. El resultado final de esta iniciativa es otra cuestión. Si se disuelven las cámaras y se convocan nuevamente elecciones, estaremos en un escenario donde los efectos legales de esa votación serán nulos, aunque sus consecuencias políticas son ya importantes. Pero también es posible que se forme un gobierno de izquierda con los votos que ya se han retratado en el Congreso. En ese caso, los plazos para decapitar la LOMCE ya habrán empezado a correr, y la contrarreforma educativa estará en marcha, imparable, hacia otra nueva Ley de Educación partidista en España . Y ya van ocho.

En segundo lugar que, en este momento de interinidad del Gobierno, de confusión política, de postureo permanente de los partidos políticos, de continuos devaneos estratégicos y de un vaivén de líneas rojas de unos y de otros indescifrable, la educación sigue considerándose un arma poderosa, se utiliza como tal, y se manipula al servicio de los intereses electorales de los partidos. El profesorado, las familias y la sociedad continúan instrumentalizados por la ideología de turno, encarnada en una mayoría parlamentaria temporal. Y llevamos ya cerca de 40 años de régimen democrático sin conseguir estabilizar el “tentetieso” en el que ha quedado transformado el artículo 27 de la Constitución.

En tercer lugar, la incapacidad de la derecha política española que, noqueada en su discurso educativo por sus propios errores y por la implacable superioridad “moral” de la izquierda, asiste al funeral de su reforma educativa sin apoyos, gravemente cuestionada por su escasez de convicciones, y rehén de una gestión nefasta que ha sido premiada con un retiro dorado en París para sus principales protagonistas.

La intervención de la ponencia socialista en el congreso ha sido particularmente desafortunada e incongruente. Alentando a sus clientelas con ironías religiosas fáciles y recurriendo al rancio enfrentamiento pública-concertada para salpimentar un discurso educativo raquítico, desvela su nula voluntad de trabajar para conseguir el Pacto que, sólo a nivel declarativo, pretende alcanzar. Según parece, ni falta que hace en este momento, dominado por la crispación y la radicalización de la política reducida a reality show televisivo (a pesar de que Gabilondo siga jugando a poli bueno en todos los foros).

Corren malos tiempos para la moderación y el pragmatismo, para quienes apuestan por la convivencia en una sociedad plural aceptando las diferencias de pareceres y respetando las libertades civiles más elementales. Se lleva más el feísmo político, el simplismo ideológico, las peleas de políticos en el barro de sus miserias, el “y tú más”, la descalificación, la banalización de los temas importantes, primar lo propio en detrimento del bien común. En definitiva, la extensión a la vida pública, en cierta medida, de la dinámica y las formas de los programas del “corazón” y de “crónica social” tan de moda, que nos aleja, un poco más, de alcanzar un sistema educativo de calidad, estable, equitativo y libre para todos.

20D. Demasiadas incertidumbres

Las elecciones del 20D se presentan como una experiencia novedosa en la vida política española, pues por primera vez, el bipartidismo parece que va a dar paso a un nuevo escenario en el que las fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos, tienen importantes expectativas electorales, y la mayoría absoluta de un partido para formar gobierno en solitario parece lejana. Los acuerdos postelectorales serán necesarios, y ahí es donde se presentan más incógnitas y variables a la hora de predecir cuál será la política educativa de un futuro gobierno que podría estar conformado por dos o más siglas.

El punto de partida en el que se encuentra la sociedad y la comunidad educativa es muy diferente al de hace 4 años. Entonces, el Partido Popular llegó al Gobierno con un respaldo electoral importantísimo en todos los ámbitos de la Administración, también la autonómica y la local, y le precedía una cierta esperanza reformista, tan necesaria en un país que estaba completamente desnortado en la vida económica, y con una sociedad desorientada y abrumada por los efectos de una crisis que estaban castigando a nuestro país de manera muy severa.

La gestión del Ministerio de Educación, nefasta en muchas de sus principales actuaciones, condenó pronto esa expectativa reformista al fracaso y a la desilusión colectiva, arrastrando a la comunidad educativa hacia una etapa muy conflictiva, con una polarización mucho más marcada y sobre todo, con mayor radicalidad en los planteamientos y posturas. La cara más visible de esa fuerte polarización están siendo las iniciativas, tan distantes entre si, para recuperar de nuevo el camino para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación.

Recientemente se ha promovido un “Acuerdo social y político para una ley educativa que salvaguarde la educación pública” donde casi todas las organizaciones de la izquierda educativa, incluido el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, han declarado su interés por alcanzar sólo un “Pacto por la escuela pública”. Lejos quedan los días de la etapa Gabilondo con planteamientos más generalistas y conciliadores. Ahora, el llamamiento es a una reedición revanchista del vetusto y trasnochado slogan de la escuela única, pública y laica. Tras el 24M, ya se están produciendo duros enfrentamientos en algunas comunidades por el tratamiento discriminatorio que se le está dando a la escuela concertada y a la libertad de elección de centro por parte de las familias. A partir del 20D, y según sea la composición del nuevo gobierno, estos enfrentamientos se pueden extender al conjunto del Estado, e incluso multiplicarse, mediante el desarrollo de otra anunciada Ley de Educación por estos partidos. Sí, otra más, y en la que las cuestiones más ideológicas (conciertos educativos, asignatura de religión, educación para la ciudadanía, escuela diferenciada, etc.) anuncian objetivos más ambiciosos y partidistas que los de la actual LOE.

Por otro lado, las organizaciones integradas en la plataforma “Concertados” y algunos sindicatos como USO, apuestan por la apertura de la negociación de un Pacto con intenciones más integradoras, y en el que la convivencia razonable de la red pública y la concertada se estabilice en un modelo sostenible a largo plazo con la intención de centrar y concentrar los debates educativos sobre las cuestiones que afectan verdaderamente al fracaso escolar y al abandono prematuro de la escuela española, que es lo que preocupa, y mucho, a las familias españolas. Fuerzas políticas como el Partido Popular y Ciudadanos están haciendo en sus programas planteamientos más moderados y prácticos en esta misma dirección, y al menos existe una coincidencia esencial, que consiste en defender la libertad de elección de centro por parte de las familias, y en un tratamiento de la financiación pública de las escuelas menos frentista y excluyente, aunque deberían desarrollar de una vez por todas el actual modelo previsto en la LOE de 2006 para resolver el déficit actual entre los módulos de conciertos y el coste del puesto escolar, y que permita también una homologación laboral de todo el profesorado que imparte docencia en centros sostenidos con fondos públicos.

Aunque sea brevemente, no puedo dejar de mencionar que desde siempre una cosa fue el predicar (los programas y promesas electorales), y otra bien diferente dar trigo (la práctica política). La reciente enmienda a los presupuestos de la Comunidad de Madrid aprobada por Ciudadanos, PSOE y Podemos hurtando a la escuela concertada 2,9 millones de euros de la famélica financiación con la que cuenta, ha hecho saltar todas las alarmas entre quienes confiábamos en tener más aliados políticos confiables en la defensa de la complementariedad de las redes educativas. No hay que olvidar que, al valorar el fenómeno de los nuevos partidos emergentes, hablamos de proyectos inmaduros todavía, en fase beta, cuya precipitada puesta en escena, junto a la importante responsabilidad política que pueden adquirir en muy poco tiempo será una fuente de innumerables sorpresas, incluso para ellos mismos. Es lo que tiene cocinarde manera exprés, que pueden servirse los platos crudos y desaboridos.

Otra línea de propuestas que ocupan primeras portadas se refieren a un rediseño de la función docente en profundidad, atendiendo a mejorar su formación inicial, su acceso a los centros mediante un MIR educativo y por último introduciendo procedimientos de evaluación que podrán concluir en diferentes incentivos salariales para los mejores profesores. El conocido Libro Blanco de la Función Docente que el Ministerio de Educación encargó a José Antonio Marina tiene esa orientación, pero en mi opinión llega tarde, y en un momento cuando menos extraño,en el que pueden quedarse en tierra de nadie sus mejores valoraciones y propuestas en medio de las turbulencias de las futuras negociaciones entre los partidos para formar gobierno. Lástima de cuatro años perdidos con una mayoría absoluta tan abrumadora. Si se hubiera empezado por donde se ha terminado la legislatura, estoy seguro de que otro gallo cantaría, pero así es la política y así son los políticos que nos hemos dado.

Con estos análisis, no queda más remedio que esperar el resultado de las urnas y ver como se conforma el nuevo parlamento. Nadie duda de que la cuestión educativa será una pieza esencial en las futuras negociaciones entre los partidos mayoritarios, pero como en toda negociación, habrá un intercambio de propuestas y el resultado final es hoy incierto e impredecible. Lo que sí es seguro es que el desacuerdo de fondo entre los dos bandos ideológicos que siguen conformando el mapa educativo en España sigue plenamente vigente con todas sus desastrosas consecuencias, sobre todo porque está alimentado por intereses corporativos muy fuertes que nada tienen que ver con los problemas que hay en las escuelas, a las que zarandean continuamente en forma de mareas y de leyes educativas. Pero hasta a eso, lamentablemente, hemos empezado a acostumbrarnos estoicamente también. ¿Introducirá el 20D alguna novedad, un cambio, un impulso reformista que desbloquee este indeseable atasco en el que se encuentra atrapada la educación española desde el 78?

A vueltas con la asignatura de Religión en la escuela

El Partido Socialista ha propuesto en el borrador de su programa para las elecciones generales del 20 de diciembre sacar la asignatura de Religión del currículo y del horario escolar para «promover una escuela laica». Hasta aquí, y a pesar del ruido producido, no hay ninguna novedad. Sus organizaciones afines en la comunidad educativa llevan años exigiendo la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado y la eliminación de la asignatura de religión de las escuelas, por supuesto rellenando el hueco con la ensalzada educación para la ciudadanía. Es la misma bronca del año 2006, nunca resuelta y ahora reeditada. Electoralismo puro, y otra demostración del empecinamiento ideológico y político que estamos padeciendo, y que parece pretender sustituir el debate sobre los temas más urgentes y sustanciales de la educación por las polémicas estériles de siempre, pero que gozan con generosidad del altavoz de los medios: ya se sabe, la asignatura de religión, los conciertos educativos y la escuela diferenciada (segregadora en su torcido vocabulario). Nada hay más socorrido en una reunión de amigos o en un corro de tertulianos que sacar algún tema religioso para animar la conversación y llevarla hasta la discusión más acalorada e inútil. Es un recurso que nunca falla.

No parece muy inteligente caer una y otra vez en la misma piedra por parte de partidos que aspiran a ser Gobierno. Nos asomamos al precipicio de otra reforma legislativa sobre la espalda de laeducación, un nuevo lío que nos alejará un poco más de una solución duradera, que se transformará en un campo de batalla, una lucha sin vencedores. Por este camino es imposible concederle a nuestro sistema educativo la categoría de asunto de Estado para que pudiera,de una vez por todas, quedar fuera del enfrentamiento electoral de los partidos y de la vorágine de las promesas electorales. Ya tenemos precedentes, por ejemplo en el caso de la sostenibilidad de las pensiones mediante el Pacto de Toledo.

No hace mucho escribí un artículo en este mismo diario digital titulado “Sí a la asignatura de religión en la escuela”. En aquella ocasión, con motivo de la polvareda y el ruido mediático que se formó como consecuencia de la publicación de los nuevos contenidos curriculares de esta asignatura. Para no repetir los mismo argumentos de entonces, que creo plenamente válidos y actuales, me centraré en el planteamiento realizado por partidos como Ciudadanos, que en el fondo coinciden en el diseño de la escuela laica, pero sin el efectismo de poner en primera línea del debate este tipo de disputas.

En un ejercicio de habilidad política, Albert Rivera ha declarado que este “es un debate del siglo pasado que esta solventado con la libertad y con las asignaturas optativas donde los padres pueden elegir qué estudian sus hijos». Pienso que es un planteamiento correcto y además realista, pues recoge los dos elementos que la izquierda educativa elude nombrar nunca: la asignatura de religión es optativa, voluntaria,y cuenta con una demanda social importante (casi el 60% de las familias la eligen de media). Además, sus actuales contenidos están claramente diferenciados de la catequesis parroquial y se centran en la interpretación e influencia del hecho religioso de manera transversal con el conjunto de los conocimientos humanísticos. Pero a continuación, Ciudadanos propone un rediseño de la asignatura hacia la historia de las religiones e impartida por personal funcionario, descartando al importante colectivo de los profesores de religión actuales. Entramos así en el terreno de prometer lo imposible dentro del marco jurídico que tenemos en España, pues para llegar hasta ahí, sería necesario igualmente redefinir los actuales Acuerdos Iglesia-Estado. En conclusión, acaban proponiendo metas muy próximas con una presentación menos frentista y en apariencia más conciliadora y razonable.

Tampoco el actual Gobierno ha sabido resolver la situación en la LOMCE. Es verdad que le ha dado a la asignatura de religión una optativa equivalente como valores éticos y la ha incorporado plenamente al currículo como evaluable a todos los efectos. Pero también es verdad que al incrementar el horario de las asignaturas instrumentales (matemáticas, lengua, lengua extranjera…) y ampliar la autonomía de los centros, ha provocado que en muchas Comunidades se haya producido una reducción horaria de la Religión desde el 50% hasta del 75% con respecto a la anterior LOE. Como muestra cualificada está Ceuta y Melilla, únicos territorios competencia del Ministerio de Educación.

El mercado de los programas electorales no nos está deparando ninguna sorpresa positiva. Se compra y se vende cualquier propuesta que tenga repercusión en los resultados de las encuestas y en los barómetros del CIS. En esto consiste el marketing político que domina la vida pública. Y hay que reconocer que en una significativa franja social, escuela y conocimiento positivo, bilingüe y cientifista, son hoy en día unbinomio triunfador. De ahí proviene en gran medida el declive de las humanidades en el actual currículo. No faltarán tampoco voceros desde todas las tribunas políticas, culturales o sindicales, que se muestren escandalizados porque en un Estado moderno existan organizaciones con más de dos mil años de historia que pretendan tener algo que decir todavía hoy sobre las personas y sobre el significado de la realidad. Pero ésta, por el momento, es una ecuación sin solución, porque no hay incógnitas que despejar para llegar a un contrato social básico en educación, tan sólo ideología que imponer en el vaivén de las mayorías electorales.

20D. La que se avecina, y uno

Cuando la carrera electoral va cogiendo ritmo hacia la meta del 20D, las expectativas de novedad y de cambio creadas en torno a las fuerzas emergentes sobre las cuestiones educativas se van reduciendo al ritmo de sus propias declaraciones, mientras que los viejos partidos siguen tambaleándose víctimas de su decadencia y del envilecimiento de muchos de sus políticos.

Los elementos clásicos de la política educativa se mantienen inalterados a estas alturas del siglo XXI en el ideario de la derecha, del centro (si es que existe), y de la izquierda. Cada partido utiliza estos ingredientes para elaborar recetas que siempre tienen un sabor reconocible, que gustan más o menos, pero que creo cansan al paladar de los ciudadanos por ser siempre las mismas.

Vamos por partes. El principal caballo de batalla es la financiación pública de la educación. En esta cuestión, la definición de la naturaleza de los recursos públicos, es donde se experimenta el peor tufo mal oliente de nuestra políticacomo consecuencia del imperio de los partidos en nuestra mal diseñada democracia. Todos caen en el mismo error. El dinero público es cosa (casi propiedad) de los políticos, a los que votamos cada cuatro años para que se hagan cargo de los asuntos del Estado pidiéndoles que nos molesten lo menos posible, y sin que nos falte de nadaatendiendo todos nuestros deseos y necesidades, que para eso están ahí. Qué fácilmente olvidamos cuando hablamos de lo público y del dinero público que esas necesidades son infinitas y los recursos muy limitados, aunque sin embargo, qué bien nos aplicamos el cuento en el ámbito privado de la economía de cada uno.

Por eso el Estado adquiere en nuestro país un rol omnipresente y cuasi deificado que no le corresponde, pero que parece convenir a todo el mundo dada la debilidad de la sociedad civil y su escaso interés real para participar activamente en la cosa pública. Me remito para clarificar esta afirmación al ejemplo archiconocido de las comunidades de vecinos, a cuyas juntas se acude lo menos posible, y donde sortean o turnan la indeseada presidencia, encargando la solución de los marrones de todos a un administrador profesional.

De ahí proviene ese insuperable vicio español, tan nuestro, de considerar que el dinero público es propiedad del Estado y se destina a quien decida el poder público, que ha resuelto paternalmente que algunos servicios de la comunidad le pertenecen para bien de todos, como son por ejemplo la sanidad y la educación, definiéndolos como servicios públicosy prestándolos en un régimen casi de monopolio. Para ello, construye poderosas estructuras de edificios y de empleo público a las que destina inmensas sumas de dinero, recursos económicos que se constituyen en grandes hipotecas a largo plazo sobre el presupuesto, y que determinan realmente las políticas en estas áreas para todos los gobernantes presentes y futuros sean del signo político que sean. Aquí radica el gran triunfo actual de la socialdemocracia, presente en el código fuente de la gran mayoría de los partidos europeos mediante la construcción del finder del Estado del Bienestar (el escritorio, discúlpeseme la metáfora del ordenador), imprescindible para que la sociedad, los ciudadanos nos comuniquemos con la realidad sin plantearnos otras posibilidades y a salvo de los malignos mercados neoliberales.

En el caso de la educación pública, creo que nadie niega su necesidad ni su importancia. Ni tampoco que deba ofrecerse a los usuarios que la elijan con la mayor calidad. Lo que genera polémica una y otra vez es determinar cuál debe ser su presencia y su papel en función de dos variables: el derecho que tienen todos los ciudadanos a una educación de calidad gratuita, y las preferencias que tienen esos mismos ciudadanos a la hora de elegir la escuela que quieren para sus hijos.

Y aquí está el atasco mayor. La LODE del año 85 creó dos redes sostenidas con fondos públicos: la pública y la concertada. Desde el primer día haciendo trampas, claro. En primer lugar porque el Estado se reservó el protagonismo en la toma de decisiones mediante la planificación escolar. Era a la vez árbitro y parte. En segundo lugar, porque se justificó la paternidad socialista de la escuela concertada a condición de que debía salir más barata, y porque su diseño original e inalterado hasta hoy era ser subsidiaria de la red pública con todas las consecuencias que ya conocemos. Me refiero a dos enormes injusticias cristalizadas en el tiempo.

Una es la inacabable carrera de 30 años ya por la homologación salarial y laboral del profesorado de la concertada con respecto a la pública. Es un hecho fácilmente comprobable que la jornada laboral y los salarios en la concertada son de manera significativa peores que en la escuela pública. También las plantillas de los centros son bastante inferiores. Para comprobarlo, investiguen cuántos profesores de la escuela pública se pasan a la concertada y viceversa; vamos, la prueba del algodón.

Otra es el déficit planificado y crónico al que se somete la financiación de las unidades concertadas, y que obliga a los centros a toda clase de trucos para sobrevivir curso tras curso con desigual mérito y fortuna. Me refiero por ejemplo a las cuotas voluntarias que aportan las familias y también a los servicios y actividades complementarios que se les imponen, pero que por otro lado tan bien le vienen al argumentario de izquierdas para construir el discurso de la enseñanza privada como negocio y además elitista: sólo se la pueden pagar los que tienen más recursos, y no acogen a los estudiantes más difíciles como los inmigrantes. Estoy convencido de que una inmensa mayoría del sector estaría dispuesta a intercambiar estas fuentes de financiación por los recursos públicos que les corresponden, pero que nunca llegan. La LOE del año 2006 de los siniestros y después de los diestros del año 2013 (dígase LOMCE) mandataba en su disposición adicional 29º que se determinase objetivamente cuál era el coste real del puesto escolar en la concertada. Otros treinta años después de la LODE, y casi diez años después de la LOE-LOMCE, sigue sin cumplirse la ley. ¿Y por qué?. Porque ha interesado a todos los partidos que han gobernado. Recordemos las dos premisas de la LODE que nadie ha cambiado desde entonces: la escuela concertada puede existir sólo si es más barata y subsidiaria de la pública. Sin más.

En resumen, así están las cosas. La red pública es una inmensa arquitectura propiedad de la Administración, y los empleados públicos que allí trabajan son eso, sus empleados, no lo olvidemos. El debate de la financiación estará siempre resuelto a favor de la escuela publica porque el orden de prioridades es claro para quien hace el presupuesto. Cualquier gobierno atenderá en primer lugar lo propio porque es responsable directo de su propia red de centros y de sus profesores. Después lo ajeno, que son los centros concertados, porque los responsables de lo que allí sucede son otros, los empresarios, y que cada palo aguante su vela.

Pero, ¿qué pasa entonces con las familias? ¿Qué pasa entonces con los ciudadanos, que son los contribuyentes?. ¿Cómo queda el derecho básico, preconstitucional a que los padres puedan escolarizar a sus hijos en la escuela que prefieran? Sobre éstas cuestiones seguiremos reflexionando en el siguiente artículo.

Otro curso más, pero arrastrando todos los problemas heredados

Iniciamos otro curso escolar con importantes novedades. La LOMCE avanza en su implantación en la Enseñanza Secundaria como lo hizo en todo lo demás: de manera bronca y tormentosa. Zarandeada y lesionada por el empecinamiento político e ideológico. Tampoco hay que olvidar las debilidades propias de su diseño defectuoso, la difícil coyuntura en la que ha nacido y desde siempre, el flaco favor que le ha hecho el talante huraño de sus progenitores. En estas primeras semanas de septiembre camina como alma en pena y con diversa suerte según el signo político de las Comunidades por las que transita. Ahora, después de las elecciones de mayo, la mayoría hostiles o muy hostiles. Y además, por si fuera poco, veremos como este primer trimestre será monopolizado completamente por las citas electorales pendientes: todo sucederá en clave electoral.

El nuevo gobierno del año 2016, sea cual sea, tendrá que acometer nuevas reformas legales para enmendar el desaguisado actual; la última Conferencia Sectorial presidida por Méndez de Vigo apunta en esa dirección. O bien volver a poner más parches a la LOE (eso es la LOMCE, un mal parche), o como promete la izquierda política, un órdago mayor si la aritmética parlamentaria lo permite. En definitiva, un lío.

Lo que es totalmente inaceptable y desatinado es el fraude que algunos partidos políticos y Gobiernos autonómicos están haciendo a los ciudadanos disfrazando el hiato entre lo legal y lo legítimo como democrático para no decir la verdad: no les gusta la Ley y no quieren cumplirla. Y eso ni es democrático ni debería ser opinable. Además de los muchos males económicos y sociales que padecemos, estamos presenciando muchos signos de decadencia por falta de grandeza de ánimo y un mínimo nivel humano y de competencia en personas ejecutivas que asumen grandes responsabilidades en todos los ámbitos, especialmente en el político, y particularmente en el educativo. La enseñanza es una actividad delicada como pocas, que tiene que desarrollarse en un clima con un mínimo de serenidad y sosiego, con claridad y unidad de criterios en toda su cadena de decisiones, desde el ámbito político hasta las aulas. La gran confusión que estamos viviendo los últimos meses está haciendo un ya un daño importante a sus beneficiarios, que son el alumnado y sus familias.

Es notable y sorpresivo también el giro radical que ha experimentado el Ministerio de Educación desde la llegada de Méndez de Vigo y la salida esperpéntica del ministro Wert. La recuperación de la voluntad de diálogo político y de un tono conciliador y pragmático eran necesarios, aunque el tiempo de juego que le queda a la legislatura es muy corto y con un balance donde hay demasiadas sombras: fracaso en la propuesta del Bachillerato de tres años, recortes presupuestarios muy agresivos (RD 14/2012), reforma universitaria 3+2, y la LOMCE pendiente de un hilo. Pero a modo de resumen sí que me gustaría destacar cuál ha sido, en mi opinión, el principal daño que ha hecho Wert a la educación, y que queda ahí como herencia maldita: algunas propuestas pedagógicas y de carácter organizativo que eran positivas, han resultado muy dañadas dentro de la amalgama reformista de estos tres años y medio por un planteamiento defectuoso y una gestión muy deficiente. Y costará recuperarlas por el sambenitode la LOMCE.

Por ejemplo, el rediseño de la evaluación en las diferentes etapas, o la flexibilización de la comprensividad de la ESO, o los tímidos avances en la complementariedad de las redes educativas y de la libertad de enseñanza. El Bachillerato de tres años con todas con sus consecuencias (3+3 con concierto generalizado). La apertura de un debate más profundo sobre los objetivos académicos de las diferentes etapas, sus contenidos y sus prioridades, sobre las metodologías, sobre la flexibilización de los itinerarios educativos, la atención a la diversidad, el bilingüismo, seguir profundizando sobre el papel renovado de una mejor Formación Profesional, etc.

En clave electoral, como dije antes, se han derogado algunos aspectos del Decreto 14/2012 que tenía como objetivo reducir el gasto educativo sobre las espaldas de los profesores. Es de agradecer que la ratio alumno/aula vuelva a sus valores normales, o que la tasa de reposición en la escuela pública de se haya fijado en el 100%.

Pero mientras estábamos entretenidos con esto, hay que recordar que el gran problema sigue ahí: el Gobierno ha eliminado apoyos, desdobles, no ha sustituido profesores, ha aumentado las horas lectivas… Y se ha obrado el milagro: la plantilla de profesores se ha reducido drásticamente.

Es particularmente sangrante en la enseñanza concertada el problema endémico de las sustituciones. Aquí las plantillas son menores y las jornadas lectivas mucho más sobrecargadas. Hubiera sido también muy de agradecer la supresión del límite de los 10 días lectivos, que se puede traducir en más de tres semanas, para poder hacer una sustitución por incapacidad transitoria; y en algunos casos nunca se llega a producir. Este es un elemento muy dañino sobre todo para la calidad de la enseñanza, para la atención del alumnado, y que altera gravemente la vida de los centros educativos y crea innumerables tensiones laborales.

También siguen produciéndose a estas alturas graves discriminaciones salariales entre el profesorado de la enseñanza pública y la concertada. Los recortes efectuados a los docentes de la escuela pública se trasladaron inmediatamente a los de la concertada. Tanto en el año 2010 como en el 2012. Sin embargo el Gobierno, en un ejercicio de populismo similar al que critica duramente en todas sus comunicaciones, se lanza a publicitar a los cuatro vientos la reposición parcial de la famosa paga extraordinaria de 2012 suspendida para los empleados públicos y se ¡olvida lastimosamente de los más de 100.000 profesores de la escuela concertada!, pues los presupuestos del año 2016 no tienen ninguna partida habilitada para ello. El Gobierno debe rectificar urgentemente esta brutal injusticia mientras el trámite parlamentario de aprobación de los PGE lo permita.

El profesorado sigue siendo el principal protagonista del proceso educativo y no se merece el trato recibido estos años. Ahora es más preciso que nunca dar estabilidad a los claustros, debatir con más sosiego las cuestiones controvertidas, facilitar al máximo el trabajo en las aulas, la vida laboral en los centros. Recuperar un clima de diálogo y de debate serio y constructivo que ponga en primer plano al alumnado y a las familias y no otros intereses. El ministro Méndez de Vigo declaraba hace poco que por la calle los ciudadanos le pedían un pacto escolar. Después de casi tres años y medio de legislatura en clave de monólogo autista, llama la atención que ahora vuelva a aparecer, quizá por agotamiento, la solución más elemental al perenne conflicto educativo: Alcanzar un acuerdo básico sobre las cuestiones de la educación imprescindibles, un mínimo común múltiplo que no debe cuestionar el gobierno de turno para hacer realidad que todas las familias, de todo el espectro ideológico, tengan opciones educativas gratuitas a su alcance, que puedan satisfacerlas razonablemente, y al medio o largo plazo que necesita la larga vida escolar de sus hijos sin sobresaltos continuos.

Una de cal y otra de arena

El reciente acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular para investir como presidenta a Cristina Cifuentes hace guiños muy visibles a los paradigmas educativos de la cultura hegemónica, a la perspectiva progre. Principalmente porque esos paradigmas están de moda, y parece más práctico ahora asumir algunos de sus principios. Era necesario desmarcarse y diferenciarse de las etapas de gobierno precedentes introduciendo algunas novedades que envíen al electorado, y a la sociedad en general, el mensaje de que algo ha cambiado ya, y que el gobierno del PP en Madrid es otra cosa, haciendo un esfuerzo de renovación para el que no se quieren escatimar esfuerzos.

Es cierto que con Lucía Figar, una parte de la comunidad educativa muy chillona protagonizó permanentemente el conflicto educativo como arma política, siendo la defensa a ultranza y excluyente de la escuela pública el gran mantra, escenificado de todas las maneras y mareas posibles, y además, amplificando los efectos de los recortes económicos como estímulo para la movilización de una parte del profesorado y de las muy politizadas organizaciones de padres y alumnos (no me atrevo a decir de los padres y el alumnado en general, porque creo que no les representan).

El patrimonio acumulado en la Comunidad de Madrid desarrollando la complementariedad de las redes educativas pública-concertada, con sus luces y sombras, debería servir como punto de partida para seguir cimentando una política educativa basada en el desarrollo de la igualdad de oportunidades, facilitando a las familias la elección de centro conforme a sus convicciones, y sin que los recursos económicos sean un obstáculo insalvable para muchos padres.

Porque la igualdad en el sistema educativo madrileño depende en gran medida, sí o sí, de la financiación. Sin una financiación suficiente en todos los centros sostenidos con fondos públicos, incluyendo los servicios escolares como transporte escolar y comedor, no es posible desarrollar el derecho de todos a la educación que quieran y puedan elegir, desde 0 años a los 18. En resumen, la regla básica para armonizar todos los intereses debería ser: Los mismos recursos, los mismos compromisos. Gratuidad y calidad sí, pero para todos (es decir, para todos los centros sostenidos con fondos públicos)

De esta realidad esencial nada dice el citado acuerdo con Ciudadanos, partido que no conviene olvidar, se expresó durante la pasada campaña electoral con gran claridad a favor de la prioridad de la escuela pública, y de la supresión de la asignatura de religión y su profesorado.

Lo que sí aparece en estos acuerdos es una única alusión, para mi negativa, referida a todos los centros sostenidos con fondos públicos para reforzar los mecanismos de supervisión de la inspección educativa como paso previo a la toma de decisiones en el proceso de escolarización. ¿Es una respuesta esta afirmación a ese tópico parasitario contra la libertad de enseñanza que afirma, también como un mantra, que la escuela concertada elige a sus alumnos y en cambio la escuela pública escolariza a todos, también a los que presentan más dificultades?

Sin embargo, el resto de los acuerdos, en clave positiva, no hacen la misma referencia a todos los centros sostenidos con fondos públicos. ¿Significará esto que la contratación de 500 profesores para apoyo escolar y atención a las necesidades educativas espaciales sólo afectará a la escuela pública? ¿O el incremento gradual de los centros educativos bilingües seguirá las dos velocidades actuales, marginando a los padres que eligen la escuela concertada?

Durante la campaña electoral, Cristina Cifuentes afirmó a los representantes de la escuela concertada: “Apuesto por la pública, pero también por la libertad de elección, por eso tengo que atender las necesidades de la concertada para garantizar la elección de los padres”. En aquel encuentro, hubo varias reivindicaciones estratégicas para el sector, como la recuperación del concierto de la Formación Profesional de grado superior, una revisión de la financiación del módulo de conciertos, o por ejemplo, la generalización del concierto de bachillerato para garantizar una gratuidad real de las enseñanzas desde 0 años a 18, equiparable en servicios, plantillas y derechos laborales en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

En su reciente discurso de investidura, Cristina Cifuentes explicó las líneas maestras de el programa sobre educación. Y la música no sonaba mal. Su apuesta convencida por la pública junto a la defensa de la libertad de elección de centro por las familias son dos elementos que no deben ser contradictorios, en principio. Habrá que esperar a los primeros presupuestos regionales para ver si se cumplen las expectativas creadas y si se sigue avanzando en la complementariedad de las redes educativas, allanando diferencias y facilitando oportunidades para todos. El tiempo dirá.

Es difícil navegar contra corriente, especialmente intensa en este momento social. Las fuerzas políticas de izquierda emergentes han declarado sin complejos cuál es su estrategia en educación. Para ellos el punto de partida siempre ha consistido en dinamitar el dualismo tradicional derecha-izquierda a cambio de poner en primer plano el eje vertical arriba-abajo, los privilegiados y los no privilegiados, la élite y el pueblo. En esta nueva escena política, la escuela pública adquiere un papel aún más fuerte como elemento de transformación y nivelación social frente al modelo de la escuela privada concertada, sobre la que se hace una campaña de difamación permanente al asociarla al espacio sociológico de aquellos que siempre han estado arriba. Apostando por la escuela pública, única y laica dicen que agregan demandas populares creando un proyecto más popular, con unas nuevas reglas del juego en todos los terrenos y que emerge de la iniciativa de la gente decente.

Con estos posicionamientos, se avecina una más que probable reedición de la guerra escolar pública-concertada. Es verdad que entrar con argumentos en un debate tan cargado de emociones no es fácil, pero tampoco evitable. La Comunidad de Madrid es un espacio estratégico para confrontar las ideas, crear realidades que contradigan los espejismos de los nuevos salva patrias, y sobre todo, para reivindicar un marco educativo en consonancia con el deseo de convivencia y de respeto a las libertades individuales que es el que existe en la realidad, con gran normalidad, y lejos de los escenarios más próximos a la ficción de los juegos del hambre que diseñan algunos politólogos para su exclusivo beneficio electoral.