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La escuela desvertebrada

Se inicia un nuevo curso escolar, el 2016-2017, y lo hace atrapado en los mismos dilemas e incógnitas que despidieron al anterior. La LOMCE y el “Pacto educativo” son sus principales claves interpretativas. Estamos en un momento político inédito. El rechazo de la candidatura de Mariano Rajoy a presidente del Gobierno por parte de la mayoría de la Cámara a finales de agosto, prorroga la situación de interinidad política en la que vive España desde la disolución de las Cortes en octubre del año pasado. Por el camino, dos procesos electorales y la hipótesis nada desdeñable de un tercero a final de año. Sin Gobierno, la actual ley educativa prosigue el calendario de aplicación acercándose ya a su término con las polémicas evaluaciones finales de Secundaria y de Bachillerato, uno de los centros neurálgicos de la reforma de Wert.

Mucho se está escribiendo sobre laincapacidad de los políticos para llegar a acuerdos o pactos con los que traducir en un programa de gobierno la voluntad que, en seis meses, los españoles han expresado por dos veces en las urnas. Pero se echa de menos una mirada más atenta sobre la falta de contenido ideológico de esos líderes tanto en sus discursos parlamentarios durante las sesiones de investidura como en sus declaraciones o, por supuesto, en las dos campañas electorales. También, y principalmente, sobre educación.

Todos invocan continuamente el Pacto escolar en una letanía aburrida y vacua, pero sus discursos se reducen al manoseado no absoluto a la LOMCE de las izquierdas y los partidos nacionalistas y el sí, pero con reformas y matices muy imprecisos de Ciudadanos y el propio Partido Popular. Creo que si algo tienen claro los profesionales de la enseñanza y los ciudadanos son los vetos y las fobias de los principales partidos y, por supuesto, que todos han culpado a los otros de no ceder lo suficiente para que hubiera un Gobierno y, a la vez, un consenso mínimo para construir de una vez por todas un Pacto educativo. Así están hoy día las cosas.

Mientras tanto, se sigue gobernando y se toman decisiones en las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias en educación. Y gobernar es principalmente “elegir”, como manifestaba Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en la última campaña electoral. Tras las decisiones políticas no es posible ninguna forma de camuflaje, porque los hechos son observables y sus consecuencias muy visibles.

Por un lado, hay que contar con la férrea oposición de doce Comunidades Autónomas a la aplicación de la LOMCE y, particularmente, a las pruebas finales de ESO y Bachillerato. Es bastante probable que se nieguen a ponerlas en marcha. Ya ocurrió a final del curso pasado con la evaluación de 6º de Primaria, una prueba mucho más inofensiva que las reválidas que, aun así, gestionaron de forma irregular catorce autonomías (las popularesGalicia y Castilla y León incluidas). Una de las motivaciones principales del ministro Wert –dar mayor coherencia y uniformidad al conjunto del sistema educativo en España-, hace aguas por todas partes, dominado por una enorme cantidad de particularidades muy difíciles de revertir (por ejemplo, Cantabria estrena este curso sus polémicas vacaciones alternativas, con una semana libre cada dos meses de clase).

Además, las Comunidades gobernadas por partidos de izquierda inician continuamente incendios políticos, algunos de gran magnitud, pensando exclusivamente en el beneficio electoral y, sobre todo, en busca de la hegemonía cultural e ideológica que los perpetúe en el poder a medio o largo plazo. Los montes que incendian una y otra vez nuestros conocidos pirómanos progresistas son el de los conciertos educativos y el de la asignatura de Religión. Dos temas centrales del Pacto educativo que debe alcanzarse en seis meses según algunos, ¡ahí es nada! Lamentablemente, ambos están produciendo ya daños humanos y laborales irreparables, destruyendo derechos, empleo, pluralidad educativa y libertades de la sociedad civil.

La aplicación de la LOMCE en estas Comunidades se hace de manera desigual e interesada, pues se incumple de manera flagrante una ley orgánica en los aspectos que les resultan indeseables (por ejemplo, el asunto de las mal llamadas reválidas), pero se acogen con rapidez a los que les benefician, como es el caso de la disminución horaria de la asignatura de Religión que permite la reforma de Wert. El profesorado de la asignatura de Religión en la escuela pública se enfrenta a reducciones de plantillas y de jornada salvajes, atropellando sus carreras docentes, sus expectativas laborales y económicas, y condenándolos a una agonía permanente para saber quién y en qué condiciones puede seguir impartiendo clase cada nuevo curso escolar. La demanda de las familias, sin embargo, sigue ahí, creciendo incluso en el Bachillerato, año tras año. No olvidemos que esta asignatura es de oferta obligada por los centros y de libre elección por los padres, y que el curso pasado subió del 51,9% al 53% el porcentaje de matriculaciones en religión católica en los centros públicos.

Del mismo modo, se multiplican y enconan los enfrentamientos de los trabajadores y los centros concertados con las Administraciones progresistas, como por ejemplo en el caso sangrante de la Comunidad Valenciana. La concertada está siempre amenazada por la espada de Damocles de la financiación pública, continuamente insuficiente, y a cuyo acceso se ponen toda suerte de trampas y cortapisas jugando sin ningún disimulo a la contra, siguiendo una estrategia clara de empobrecer y reducir el sector educativo concertado, tanto en su oferta de plazas educativas como en los derechos laborales y económicos de sus docentes.

Menos concertada y más enseñanza pública y laica es la vetusta monodia educativa que imponen los jóvenes y modernos talentos de la nueva izquierda cuando pueden decidir con un boletín oficial dónde se gastan los impuestos de todos los contribuyentes, haciendo caso omiso de la voluntad libremente expresada por esos mismos ciudadanos, año tras año en los procesos de matriculación del alumnado, que siguen eligiendo masivamente la escuela concertada y la asignatura de Religión para sus hijos. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.Progresamos, sí, pero hacia atrás.

20D. La que se avecina, y uno

Cuando la carrera electoral va cogiendo ritmo hacia la meta del 20D, las expectativas de novedad y de cambio creadas en torno a las fuerzas emergentes sobre las cuestiones educativas se van reduciendo al ritmo de sus propias declaraciones, mientras que los viejos partidos siguen tambaleándose víctimas de su decadencia y del envilecimiento de muchos de sus políticos.

Los elementos clásicos de la política educativa se mantienen inalterados a estas alturas del siglo XXI en el ideario de la derecha, del centro (si es que existe), y de la izquierda. Cada partido utiliza estos ingredientes para elaborar recetas que siempre tienen un sabor reconocible, que gustan más o menos, pero que creo cansan al paladar de los ciudadanos por ser siempre las mismas.

Vamos por partes. El principal caballo de batalla es la financiación pública de la educación. En esta cuestión, la definición de la naturaleza de los recursos públicos, es donde se experimenta el peor tufo mal oliente de nuestra políticacomo consecuencia del imperio de los partidos en nuestra mal diseñada democracia. Todos caen en el mismo error. El dinero público es cosa (casi propiedad) de los políticos, a los que votamos cada cuatro años para que se hagan cargo de los asuntos del Estado pidiéndoles que nos molesten lo menos posible, y sin que nos falte de nadaatendiendo todos nuestros deseos y necesidades, que para eso están ahí. Qué fácilmente olvidamos cuando hablamos de lo público y del dinero público que esas necesidades son infinitas y los recursos muy limitados, aunque sin embargo, qué bien nos aplicamos el cuento en el ámbito privado de la economía de cada uno.

Por eso el Estado adquiere en nuestro país un rol omnipresente y cuasi deificado que no le corresponde, pero que parece convenir a todo el mundo dada la debilidad de la sociedad civil y su escaso interés real para participar activamente en la cosa pública. Me remito para clarificar esta afirmación al ejemplo archiconocido de las comunidades de vecinos, a cuyas juntas se acude lo menos posible, y donde sortean o turnan la indeseada presidencia, encargando la solución de los marrones de todos a un administrador profesional.

De ahí proviene ese insuperable vicio español, tan nuestro, de considerar que el dinero público es propiedad del Estado y se destina a quien decida el poder público, que ha resuelto paternalmente que algunos servicios de la comunidad le pertenecen para bien de todos, como son por ejemplo la sanidad y la educación, definiéndolos como servicios públicosy prestándolos en un régimen casi de monopolio. Para ello, construye poderosas estructuras de edificios y de empleo público a las que destina inmensas sumas de dinero, recursos económicos que se constituyen en grandes hipotecas a largo plazo sobre el presupuesto, y que determinan realmente las políticas en estas áreas para todos los gobernantes presentes y futuros sean del signo político que sean. Aquí radica el gran triunfo actual de la socialdemocracia, presente en el código fuente de la gran mayoría de los partidos europeos mediante la construcción del finder del Estado del Bienestar (el escritorio, discúlpeseme la metáfora del ordenador), imprescindible para que la sociedad, los ciudadanos nos comuniquemos con la realidad sin plantearnos otras posibilidades y a salvo de los malignos mercados neoliberales.

En el caso de la educación pública, creo que nadie niega su necesidad ni su importancia. Ni tampoco que deba ofrecerse a los usuarios que la elijan con la mayor calidad. Lo que genera polémica una y otra vez es determinar cuál debe ser su presencia y su papel en función de dos variables: el derecho que tienen todos los ciudadanos a una educación de calidad gratuita, y las preferencias que tienen esos mismos ciudadanos a la hora de elegir la escuela que quieren para sus hijos.

Y aquí está el atasco mayor. La LODE del año 85 creó dos redes sostenidas con fondos públicos: la pública y la concertada. Desde el primer día haciendo trampas, claro. En primer lugar porque el Estado se reservó el protagonismo en la toma de decisiones mediante la planificación escolar. Era a la vez árbitro y parte. En segundo lugar, porque se justificó la paternidad socialista de la escuela concertada a condición de que debía salir más barata, y porque su diseño original e inalterado hasta hoy era ser subsidiaria de la red pública con todas las consecuencias que ya conocemos. Me refiero a dos enormes injusticias cristalizadas en el tiempo.

Una es la inacabable carrera de 30 años ya por la homologación salarial y laboral del profesorado de la concertada con respecto a la pública. Es un hecho fácilmente comprobable que la jornada laboral y los salarios en la concertada son de manera significativa peores que en la escuela pública. También las plantillas de los centros son bastante inferiores. Para comprobarlo, investiguen cuántos profesores de la escuela pública se pasan a la concertada y viceversa; vamos, la prueba del algodón.

Otra es el déficit planificado y crónico al que se somete la financiación de las unidades concertadas, y que obliga a los centros a toda clase de trucos para sobrevivir curso tras curso con desigual mérito y fortuna. Me refiero por ejemplo a las cuotas voluntarias que aportan las familias y también a los servicios y actividades complementarios que se les imponen, pero que por otro lado tan bien le vienen al argumentario de izquierdas para construir el discurso de la enseñanza privada como negocio y además elitista: sólo se la pueden pagar los que tienen más recursos, y no acogen a los estudiantes más difíciles como los inmigrantes. Estoy convencido de que una inmensa mayoría del sector estaría dispuesta a intercambiar estas fuentes de financiación por los recursos públicos que les corresponden, pero que nunca llegan. La LOE del año 2006 de los siniestros y después de los diestros del año 2013 (dígase LOMCE) mandataba en su disposición adicional 29º que se determinase objetivamente cuál era el coste real del puesto escolar en la concertada. Otros treinta años después de la LODE, y casi diez años después de la LOE-LOMCE, sigue sin cumplirse la ley. ¿Y por qué?. Porque ha interesado a todos los partidos que han gobernado. Recordemos las dos premisas de la LODE que nadie ha cambiado desde entonces: la escuela concertada puede existir sólo si es más barata y subsidiaria de la pública. Sin más.

En resumen, así están las cosas. La red pública es una inmensa arquitectura propiedad de la Administración, y los empleados públicos que allí trabajan son eso, sus empleados, no lo olvidemos. El debate de la financiación estará siempre resuelto a favor de la escuela publica porque el orden de prioridades es claro para quien hace el presupuesto. Cualquier gobierno atenderá en primer lugar lo propio porque es responsable directo de su propia red de centros y de sus profesores. Después lo ajeno, que son los centros concertados, porque los responsables de lo que allí sucede son otros, los empresarios, y que cada palo aguante su vela.

Pero, ¿qué pasa entonces con las familias? ¿Qué pasa entonces con los ciudadanos, que son los contribuyentes?. ¿Cómo queda el derecho básico, preconstitucional a que los padres puedan escolarizar a sus hijos en la escuela que prefieran? Sobre éstas cuestiones seguiremos reflexionando en el siguiente artículo.

Otro curso más, pero arrastrando todos los problemas heredados

Iniciamos otro curso escolar con importantes novedades. La LOMCE avanza en su implantación en la Enseñanza Secundaria como lo hizo en todo lo demás: de manera bronca y tormentosa. Zarandeada y lesionada por el empecinamiento político e ideológico. Tampoco hay que olvidar las debilidades propias de su diseño defectuoso, la difícil coyuntura en la que ha nacido y desde siempre, el flaco favor que le ha hecho el talante huraño de sus progenitores. En estas primeras semanas de septiembre camina como alma en pena y con diversa suerte según el signo político de las Comunidades por las que transita. Ahora, después de las elecciones de mayo, la mayoría hostiles o muy hostiles. Y además, por si fuera poco, veremos como este primer trimestre será monopolizado completamente por las citas electorales pendientes: todo sucederá en clave electoral.

El nuevo gobierno del año 2016, sea cual sea, tendrá que acometer nuevas reformas legales para enmendar el desaguisado actual; la última Conferencia Sectorial presidida por Méndez de Vigo apunta en esa dirección. O bien volver a poner más parches a la LOE (eso es la LOMCE, un mal parche), o como promete la izquierda política, un órdago mayor si la aritmética parlamentaria lo permite. En definitiva, un lío.

Lo que es totalmente inaceptable y desatinado es el fraude que algunos partidos políticos y Gobiernos autonómicos están haciendo a los ciudadanos disfrazando el hiato entre lo legal y lo legítimo como democrático para no decir la verdad: no les gusta la Ley y no quieren cumplirla. Y eso ni es democrático ni debería ser opinable. Además de los muchos males económicos y sociales que padecemos, estamos presenciando muchos signos de decadencia por falta de grandeza de ánimo y un mínimo nivel humano y de competencia en personas ejecutivas que asumen grandes responsabilidades en todos los ámbitos, especialmente en el político, y particularmente en el educativo. La enseñanza es una actividad delicada como pocas, que tiene que desarrollarse en un clima con un mínimo de serenidad y sosiego, con claridad y unidad de criterios en toda su cadena de decisiones, desde el ámbito político hasta las aulas. La gran confusión que estamos viviendo los últimos meses está haciendo un ya un daño importante a sus beneficiarios, que son el alumnado y sus familias.

Es notable y sorpresivo también el giro radical que ha experimentado el Ministerio de Educación desde la llegada de Méndez de Vigo y la salida esperpéntica del ministro Wert. La recuperación de la voluntad de diálogo político y de un tono conciliador y pragmático eran necesarios, aunque el tiempo de juego que le queda a la legislatura es muy corto y con un balance donde hay demasiadas sombras: fracaso en la propuesta del Bachillerato de tres años, recortes presupuestarios muy agresivos (RD 14/2012), reforma universitaria 3+2, y la LOMCE pendiente de un hilo. Pero a modo de resumen sí que me gustaría destacar cuál ha sido, en mi opinión, el principal daño que ha hecho Wert a la educación, y que queda ahí como herencia maldita: algunas propuestas pedagógicas y de carácter organizativo que eran positivas, han resultado muy dañadas dentro de la amalgama reformista de estos tres años y medio por un planteamiento defectuoso y una gestión muy deficiente. Y costará recuperarlas por el sambenitode la LOMCE.

Por ejemplo, el rediseño de la evaluación en las diferentes etapas, o la flexibilización de la comprensividad de la ESO, o los tímidos avances en la complementariedad de las redes educativas y de la libertad de enseñanza. El Bachillerato de tres años con todas con sus consecuencias (3+3 con concierto generalizado). La apertura de un debate más profundo sobre los objetivos académicos de las diferentes etapas, sus contenidos y sus prioridades, sobre las metodologías, sobre la flexibilización de los itinerarios educativos, la atención a la diversidad, el bilingüismo, seguir profundizando sobre el papel renovado de una mejor Formación Profesional, etc.

En clave electoral, como dije antes, se han derogado algunos aspectos del Decreto 14/2012 que tenía como objetivo reducir el gasto educativo sobre las espaldas de los profesores. Es de agradecer que la ratio alumno/aula vuelva a sus valores normales, o que la tasa de reposición en la escuela pública de se haya fijado en el 100%.

Pero mientras estábamos entretenidos con esto, hay que recordar que el gran problema sigue ahí: el Gobierno ha eliminado apoyos, desdobles, no ha sustituido profesores, ha aumentado las horas lectivas… Y se ha obrado el milagro: la plantilla de profesores se ha reducido drásticamente.

Es particularmente sangrante en la enseñanza concertada el problema endémico de las sustituciones. Aquí las plantillas son menores y las jornadas lectivas mucho más sobrecargadas. Hubiera sido también muy de agradecer la supresión del límite de los 10 días lectivos, que se puede traducir en más de tres semanas, para poder hacer una sustitución por incapacidad transitoria; y en algunos casos nunca se llega a producir. Este es un elemento muy dañino sobre todo para la calidad de la enseñanza, para la atención del alumnado, y que altera gravemente la vida de los centros educativos y crea innumerables tensiones laborales.

También siguen produciéndose a estas alturas graves discriminaciones salariales entre el profesorado de la enseñanza pública y la concertada. Los recortes efectuados a los docentes de la escuela pública se trasladaron inmediatamente a los de la concertada. Tanto en el año 2010 como en el 2012. Sin embargo el Gobierno, en un ejercicio de populismo similar al que critica duramente en todas sus comunicaciones, se lanza a publicitar a los cuatro vientos la reposición parcial de la famosa paga extraordinaria de 2012 suspendida para los empleados públicos y se ¡olvida lastimosamente de los más de 100.000 profesores de la escuela concertada!, pues los presupuestos del año 2016 no tienen ninguna partida habilitada para ello. El Gobierno debe rectificar urgentemente esta brutal injusticia mientras el trámite parlamentario de aprobación de los PGE lo permita.

El profesorado sigue siendo el principal protagonista del proceso educativo y no se merece el trato recibido estos años. Ahora es más preciso que nunca dar estabilidad a los claustros, debatir con más sosiego las cuestiones controvertidas, facilitar al máximo el trabajo en las aulas, la vida laboral en los centros. Recuperar un clima de diálogo y de debate serio y constructivo que ponga en primer plano al alumnado y a las familias y no otros intereses. El ministro Méndez de Vigo declaraba hace poco que por la calle los ciudadanos le pedían un pacto escolar. Después de casi tres años y medio de legislatura en clave de monólogo autista, llama la atención que ahora vuelva a aparecer, quizá por agotamiento, la solución más elemental al perenne conflicto educativo: Alcanzar un acuerdo básico sobre las cuestiones de la educación imprescindibles, un mínimo común múltiplo que no debe cuestionar el gobierno de turno para hacer realidad que todas las familias, de todo el espectro ideológico, tengan opciones educativas gratuitas a su alcance, que puedan satisfacerlas razonablemente, y al medio o largo plazo que necesita la larga vida escolar de sus hijos sin sobresaltos continuos.

El futuro de un sindicalismo en crisis. Otro sindicalismo es posible y deseable

Es inevitable que en nuestro actual periodo de crisis toda la atención se centre en la economía y en su nefasto devenir durante los últimos años. Nos enfrentamos a un fenómeno que ha producido ya efectos muy graves y devastadores sobre amplias capas de la población, que está arrasando empresas, destruyendo puestos de trabajo y haciendo retroceder a pasos agigantados la calidad de vida de los ciudadanos, quienes soportan ya un enorme sufrimiento.

Pero quiero reparar también que es muy notable en nuestro país el avance inexorable del proceso de deterioro de las instituciones constitucionales. Ninguna de ellas, desde los parlamentos a los partidos políticos, del Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, de la justicia ordinaria a los sindicatos, desde la Administración

estatal a la municipal, parece que funciona adecuadamente en España. Y que es esta crisis institucional el problema más grave para nuestro país, y será más duradera y difícil de resolver que la crisis económica.

DESCRÉDITO DE LAS INSTITUCIONES

Muchas encuestas muestran el crecimiento del desafecto del pueblo hacia la clase gobernante, cualquiera que sea el signo político de sus miembros, al tiempo que se consolida un sentimiento generalizado sobre la necesidad imperiosa de regeneración de la vida pública y de todos sus agentes.

En esta difícil coyuntura, también el sindicalismo y el movimiento sindical en su conjunto se está viendo arrastrado por una marea de escándalos que provienen principalmente de las dos grandes confederaciones, UGT y CCOO, creando situaciones muy difíciles de comprender porque afectan de lleno a las clases populares y trabajadoras desde dentro y mediante prácticas corruptas particularmente miserables.

Sin embargo, es necesario indicar que la presente crisis institucional afecta singularmente a estos dos sindicatos, que coincide que son quienes se han beneficiado también mucho más de las prebendas y favores que el propio sistema ha concedido a manos llenas. Por ello, una generalización excesiva sería, además de desafortunada, sumamente injusta con el conjunto de los sindicatos y los sindicalistas que hacen el papel que la sociedad espera de ellos, y que desde mi particular observatorio creo que son una gran mayoría.

En relación a ese papel del sindicalismo, y alejándonos ya de la actualidad que monopolizan las manzanas podridas de muchos cestos, quiero hacer algunas reflexiones sobre la actual relación de los cristianos con el sindicalismo, que al ser una cuestión que afecta a colectivos numerosos e internamente heterogéneos, se manifiesta en realidades bien diferenciadas.

SINDICALISMO Y CRISTIANISMO

En primer lugar, que esta relación ha sido históricamente tormentosa. Me refiero al sindicalismo tal y como lo conocemos hoy, que tiene sus raíces más próximas en las profundas convulsiones y cambios sociales que surgieron durante la revolución industrial del siglo XIX en el mundo occidental y que tuvieron consecuencias muy importantes en el siglo XX desde el punto de vista filosófico (marxismo), social (nacimiento del movimiento obrero), económico (crisis del capitalismo y de la propiedad privada y nacimiento del colectivismo), político (guerras mundiales, revoluciones políticas y creación de los estados socialistas) y, también por último, religioso (Concilio Vaticano II, teología de la liberación, etc.).

En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre un hábito muy generalizado de nuestra cultura contemporánea que consiste en comprimir la realidad etiquetándola en expresiones muy básicas y propias del marketing que, si bien facilitan una primer conocimiento de la realidad en base a su simplicidad, por otro lado dificultan mucho su comprensión si se pretende un conocimiento en mayor profundidad y extensión, ya que popularizan una forma de pensamiento débil y muy gregario. Me refiero, por ejemplo, a la manida distinción a ser clasificado de derechas o de izquierdas, que para muchos aclara ya quién es quién en cualquier circunstancia y condiciona decisivamente las filias y las fobiasy muchos posicionamientos públicos y privados.

Con la primera premisa y el segundo filtro intelectual se puede comprender mejor cómo en la mentalidad general y en la de muchos cristianos en particular, el sindicalismo se despacha como una cosa de izquierdas con todas las asociaciones y connotaciones que ello supone. La complicidad no disimulada entre los dos sindicatos más publicitados y chillones con los partidos socialistas en ese lamentable papel de correa de transmisión tan rentable hasta ahora para todos ellos, son una verdad incontestable que refuerza aún más la antipatía que muchas personas sienten hacia la mera palabra sindicato.Además, ser de izquierdas implica asumir en mayor o menor grado una ideología o cosmovisión vital que incluye un amplio compendio sobre todo tipo de materias que van desde las más profesionales como el ser muy reivindicativos de los derechos de cualquier tipo a otras tan tergiversadas y polémicas como pueden ser la defensa del aborto o la ideología de género.

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

El compromiso de los cristianos con la cuestión social es oficialmente impecable, pues está ampliamente desarrollado por encíclicas papales documentos de la Iglesia (por ejemplo, la Rerum novarum de León XIII y la Laborem exercens, de Juan Pablo II, además del Catecismo) y últimamente muy en el escaparate de los medios a través de la persona del papa Francisco, que está siendo claro y contundente en sus expresiones (como la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium). Pero creo también que en lo referente a la cuestión sindical adolece todavía de una gran inmadurez y de un rechazo inconsciente muy extendido a participar de manera significativa en aspectos tan necesarios para construir una hegemonía social y cultural como son las elecciones sindicales en los centros de trabajo o en una mayor implicación pública y con personalidad propia sobre las cuestiones laborales y/o políticas.

Desgraciadamente estas dimensiones tan importantes de la cuestión social (la sindical es la que nos ocupa) se han ido conformando con el paso del tiempo como un espacio cuasi privado de las organizaciones de izquierda, muchas de ellas dirigidas personas muy militantes y hostiles hacia la Iglesia, o al menos hacia la parte de ella que desautoriza y desacredita como neoconservadora o ultra ortodoxa mientras se magnifica y teatraliza la fraternidad con los cristianos progresistas que abrazan en minoría su lucha obrera, aunque también con facilidad todas las demás causas que forman parte del torbellino progre.

CONTRIBUIR AL BIEN COMÚN

Partiendo de la experiencia propia y en el diálogo con otros, creo que otra realidad sindical sería posible y deseable en nuestro país principalmente por la novedad positiva que supondría en los centros de trabajo la presencia activa de personas con una inquietud social sincera y una actuación comprometida en el ámbito laboral con el sencillo objetivo del bien común y de contribuir a la solución de los conflictos habituales en el mundo del trabajo. No parece algo muy complicado, sobre todo porque no exige un sacrificio mayor que el de abrazar la realidad propia y de reconciliarse con nuestro propio tiempo en presente y abarcando todas sus circunstancias.

¿No debería ser natural dedicar algo de tiempo y ocuparse un poco en lo colectivo, lo público, el espacio social y político de todos los ciudadanos? ¿Acaso no es importante estar en las AMPAS de los colegios de los hijos? ¿Estar en las juntas de propietarios de la propia vivienda? ¿En las asociaciones culturales, vecinales, de barrio? ¿Por qué no en los partidos políticos y en los sindicatos que toman decisiones sobre tantos aspectos cotidianos y esenciales de nuestra convivencia?

He escuchado en muchas ocasiones algunas objeciones en apariencia razonables, pues el tiempo siempre se hace insuficiente y las tareas ordinarias son muy numerosas. En cierto sentido hay muchos que se sienten justificados ocupándose en labores también muy importantes relacionadas con la caridad, la educación, la pastoral, etc.; pero no deja de ser sorprendente la frecuencia con la que escasea esa otra vocación tan a mano que consiste en trenzarse con la personas de carne y hueso en los ámbitos y espacios que antes he mencionado y dar lugar a relaciones diferentes a las que están al uso. Porque es en esa trama de relaciones persona a persona, en los puestos de trabajo, donde es posible que se generen y se practiquen políticas que humanicen el mundo laboral y que no contribuyan a reforzar la maldición bíblica de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, y si se me permite la expresión, con el sudor del de enfrente, que suele ser a lo que se tiende con facilidad.

MÁS PRESENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO

Nadie hay más opuesto que yo al establecimiento de nuevas tareas y trabajos como signo de pertenencia auténtica a una organización, y mucho menos en la experiencia cristiana, que estaría muy bien definida por aquella idea de que el cristiano es a la vez testigo y profeta, animado por un nuevo principio de conocimiento y de acción y con un nuevo gusto por las cosas. En resumen, no se trataría de hacer más o cargar más tareas en la ya sobrecargada mochila de las responsabilidades personales y familiares. Se trataría de estar en el mundo del trabajo plenamente, con un principio de conocimiento y de acción propio, pero que estoy convenido de que es muy superior en calidad y eficacia frente a las añejas recetas de la lucha de clases, la dialéctica de contrarios o de la fe más que religiosa en la famosa mano invisible que acaba arreglando todos los problemas con tiempo por delante aunque siempre de manera injusta y creando la inequidad que tanto denuncia el papa Francisco.

El futuro del sindicalismo no pasa por la desaparición de los sindicatos, como opinan muchos, sino por la renovación de la vida sindical, y esto no es posible sin personas que hagan de esta labor algo apasionante y al servicio a la sociedad con un interés verdaderamente transformador.

La LOMCE y los trabajadores de la concertada

La Federación de Enseñanza de USO y la gran mayoría de organizaciones educativas convocamos el pasado 24 de octubre una jornada de huelga en todos los centros públicos y concertados. A diferencia de otras ocasiones, la unanimidad en la convocatoria entre los representantes de los trabajadores ha sido total, aunque por diferentes motivos y con objetivos también distintos.

Mientras que determinadas organizaciones y sindicatos en defensa de una escuela pública, única y laica siguen alimentando interesadamente una guerra escolar que no conduce a nada y con la que derrochan demagogia en contra de la enseñanza concertada, desde FEUSO, que defendemos una escuela de calidad, plural, libre y gratuita, afirmamos que la LOMCE no beneficia a la enseñanza concertada.

Tampoco aporta ninguna mejora profesional a los trabajadores de la pública ni de la concertada. Al contrario, si se aprueba la LOMCE, la aplicación del nuevo plan de estudios y la nueva estructura de la ESO y el Bachillerato se hará sin recursos económicos y en pleno proceso de recortes. Nos referimos a que las Comunidades tienen que reducir 8.000 millones durante los dos próximos años, que coinciden con los del calendario de aplicación de la LOMCE. Esto provocará inevitablemente muchos problemas organizativos en los centros, que se traducirán en reducción de plantillas, pérdida de empleo, modificación de jornadas, sobrecarga de horarios, proliferación de traslados…

La enrarecida situación laboral y económica que estamos padeciendo a todos los niveles, contraria a los intereses de los trabajadores, se complica más cuando se suman las consecuencias laborales que acarreará la aplicación de la LOMCE. Somos de los que hemos reclamado cambios en la educación porque pensamos que el modelo LOGSE, fotocopiado en la LOE, es un modelo muy mejorable. Por ello recibimos la LOMCE como una oportunidad para mejorar la calidad de nuestra educación.

Sin embargo, desde el primer momento vimos con preocupación que los sucesivos borradores de la LOMCE no respondían a nuestras expectativas. Durante el proceso negociador el Ministerio ha rechazado el debate con las organizaciones educativas y no ha admitido ninguna de nuestras propuestas. Peor todavía, durante la tramitación de la LOMCE en el Congreso de los Diputados, el Ministerio ha aceptado una serie de enmiendas del Grupo Popular que suponen un ataque directísimo en un futuro inmediato contra las condiciones laborales de los trabajadores de la concertada. Se ha modificado el artículo 117.6 referido a los salarios del personal docente de niveles concertados y PAS dando la posibilidad a las empresas de modificarlos sustancialmente si acreditan razones económicas, organizativas, técnicas o de productividad, devaluando gravemente el valor de la negociación colectiva y los acuerdos alcanzados entre sindicatos y patronales en el VI Convenio Colectivo.

Y por si fuera poco, a esta negativa realidad tan cercana a todos hay que sumar la amenaza de los próximos recortes en las pensiones, los negativos efectos de la reforma laboral y la nueva congelación salarial para los trabajadores de la pública y de la concertada, que nos empobrece aún más.

Por todo ello, el Gobierno debe rectificar en el Senado el atropello que está cometiendo contra todos los trabajadores de la enseñanza. Nuestro lema durante las movilizaciones ha sido “LOMCE, ¡ASÍ NO!”. La educación necesita cambios inteligentes, no más recortes contra los derechos laborales de los trabajadores.

Sin liderazgo, reina la confusión.

Las elecciones generales del pasado 20 de noviembre otorgaron una victoria histórica al PP, que goza desde entonces de una holgada mayoría en las dos cámaras, Congreso y Senado. Fue el segundo éxito electoral después del obtenido en el terreno municipal y autonómico el 22 de mayo. Por desgracia, la tercera parte de este maratón electoral, la cita andaluza del 25 de marzo, ha terminado en una victoria pírrica para el centro derecha. En cuatro meses, el PP ha perdido más de 400.000 votos en Andalucía y, aunque ganó las elecciones, ha quedado muy lejos de alcanzar la necesaria mayoría absoluta. No podrá gobernar allí, y cuando lo haga el PSOE, será de la mano de Izquierda Unida. Extremadura está muy cerca, geográfica y políticamente de una situación similar. Es un buen aviso para navegantes, y una necesaria cura de humildad para los populares.

La huelga general del 29 de marzo no será la última. En mi opinión, y a modo de balance provisional, observo que ha tenido en general, un seguimiento escaso y desigual. Como es casi imposible medir el éxito de una huelga general, pues todos se sentirán ganadores, Gobierno y sindicatos, alardeando cada uno de sus propios datos. Lo que me parece más significativo es el escaso entusiasmo que ha despertado esta huelga general entre los trabajadores; porque creo que, tal y como están las cosas, pocos pensarán que una acción de esta naturaleza contribuye realmente a mejorar la situación. Por otro lado, entiendo también que, al menos, todo el mundo tiene derecho al pataleo, y más cuando sobran motivos objetivos para estar disgustados.

Con bastante probabilidad, los Presupuestos Generales del Estado 2012 encenderán aún más los ánimos. No me extrañaría que otras nuevas medidas gubernamentales de carácter negativo, junto a la percepción generalizada de un empobrecimiento progresivo, incitaran otras reacciones populares, protestas y conflictos de todo tipo.

El principal problema de España está consistiendo en la falta de un liderazgo político y moral claro. Mariano Rajoy es el Presidente del Gobierno, pero es también el gran ausente del escaparate nacional. Y creo con sinceridad que esta ausencia es su mayor error.

¿Qué está pasando realmente?. ¿Quiénes son los actores principales en esta historia que estamos viviendo, qué papel están interpretando?. ¿Cuál es la verdadera situación del país?. ¿Esto tiene solución?. ¿En qué consiste esa solución? ¿Cuáles van a ser los pasos siguientes? ¿Existe una previsión razonablemente positiva para el futuro? ¿Por qué nadie da la cara y explica públicamente lo que está sucediendo con amplitud, exactitud y verosimilitud?

Hecho de menos ese liderazgo fuerte, positivo, que pueda suscitar un mínimo de ilusión colectiva para afrontar los sacrificios que se nos imponen fríamente mediante reales decretos leyes. Creo muy necesario en este momento particular que alguien con autoridad de la cara, se siente delante de una cámara, y dedique una parte generosa de su tiempo a hacer pedagogía política. A exponer con claridad los temas difíciles y a transmitir confianza y esperanza de cara al futuro.

Mientras el Gobierno tome las medidas, haga las reformas y deje que sean otros quienes las expliquen, el fenómeno andaluz no ha hecho más que empezar, y se extenderá fortaleciendo y revitalizando a la maltrecha oposición. Ante la ausencia de ese liderazgo claro que estimule y canalice la unidad del país en una dirección común, reina simplemente la confusión. Y como se ha dicho siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores. Todos salimos perdiendo.

La cosa está muy mal.

El próximo 30 de marzo Rajoy dará a conocer los Presupuestos Generales del Estado 2012. La cosa está muy mal. Ya que nos vamos a ir todos a la m…, si nos empujan a lanzarnos, al menos hagámoslo con elegancia. Más nos vale.