Iniciamos el nuevo curso escolar sin Gobierno desde las pasadas elecciones de abril y con la convocatoria de otras elecciones generales en noviembre. Han sido finalmente la demoscopia y la estrategia solipsista de los partidos quienes han decidido por encima del interés general. La vida política sigue su curso, en paralelo con la de la gente a la que pretende servir, jugando su particular partida por el poder en un ejercicio de irresponsabilidad y narcisismo impúdico, eso sí, consiguiendo la primera plana informativa todos los días.
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Pacto Educativo. ¿Ahora sí?
Muchos pensamos que un Pacto Educativo en España sería un gran avance para el interés general de todo el país. Y si es necesario alcanzar un Pacto es porque existe un conflicto o, mejor dicho, una colección de conflictos que impiden, distorsionan y dificultan el objetivo principal del sistema escolar: el éxito académico y personal del alumnado, o al menos de una gran mayoría.
Nuestro sistema educativo (sin contar las 83 universidades) es una inmensa maquinaria que presta servicio a más de 8 millones de alumnos, con 670.000 profesores y cerca de 27.000 centros educativos sobre el que se toman decisiones en 18 cuarteles generales y cuyos resultados son bastante dispares, tal y como se desprende del último Informe Pisa 2016. Esto no es Finlandia. La gestión de este gigantesco edificio escolar es compleja por sus dimensiones, por la multiplicación de modelos y realidades (18 subsistemas en la práctica) y más compleja por las tensiones que genera el pulso permanente que sostienen las dos visiones mayoritarias de la educación de nuestro país en su intento de imponerse: la socialista-progresista y la liberal-conservadora.
Doce comunidades se rebelan contra la prueba de Primaria de la LOMCE
- Las pruebas externas implantadas por la LOMCE, según el artículo 144 de la Ley serán aplicadas y calificadas por profesorado del sistema educativo español externo al centro, es decir, funcionarios y profesores de la escuela privada.
- El Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, establece que la Administración educativa competente establecerá procedimientos para la selección del profesorado funcionario del Sistema Educativo Español externo a los respectivos centros docentes. Ahora resulta que sólo realizarán las pruebas los profesores funcionarios de la pública contradiciendo a la propia Ley
- Orden ECD/594/2016, de 25 de abril, por la que se regula la realización de la evaluación final de Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aquí ya tenemos la traca final. En su ámbito de gestión territorial, el Ministerio contradice el decreto 1058/2015 y se vuelve a aplicar el 144 de la LOMCE. Ahora es el profesorado de los centros docentes públicos y privados incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta orden, que colaborará en la aplicación de las pruebas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 142 y 144 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
La hipertrofia del Estado en España.
(http://www.libremercado.com/2016-05-01/un-trabajador-que-ingresa-1600-euros-paga-al-estado-mas-de-1200-mensuales-1276572908/)